¿QUÉ PECADO HABREMOS COMETIDO?

La manera desordenada y poco profesional como se llevó a cabo el cambio de operadores en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Tanque Tenorio, hace dos semanas, comenzó ya a tener consecuencias tan negativas como graves: el martes pasado al atardecer la Planta Termoeléctrica de Villa de Reyes redujo a un tercio su capacidad de generación de energía eléctrica, debido a que Tanque Tenorio dejó de suministrarle suficiente agua gris, indispensable para su funcionamiento.

La drástica reducción en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad en Villa de Reyes se efectuó sin ningún anuncio oficial. La información conseguida por esta columna procede de fuentes del área técnica en conocimiento pleno del tema.

La termoeléctrica produce regularmente 700 mega watts con sus dos unidades de generación, a razón de 350 en cada una. Al anochecer del martes la producción descendió a un total de 200 MW entre ambas unidades. La explicación conocida es porque a esas horas prácticamente había dejado de fluir el agua tratada procedente de Tanque Tenorio, cuyo caudal contratado es de 450 litros por segundo. Sin ese líquido, Villa de Reyes simplemente no puede operar. 

La electricidad que produce la termoeléctrica se sube a las redes de distribución de la CFE y se puede conducir a cualquier lugar del país. Sin embargo, como a mayor distancia mayor costo de transmisión y mayor pérdida de energía, lo habitual es entregarla a consumidores finales de una región geográfica cercana. Así, los mega watts generados en Villa de Reyes van básicamente a subestaciones de Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí.

Si el problema de escasez de las aguas tratadas y su consecuente reducción de generación eléctrica persiste, la CFE puede evitar una crisis mayor en esta región trayendo energía de otras plantas generadoras, pero sus costos se eleva-

rían mucho. 

Dado que el suministro hidráulico a la termoeléctrica de Villa de Reyes está comprometido formalmente en volumen y calidad por contratos que incluyen penalizaciones en caso de incumplimiento de cualquiera de las partes, llegado el caso la CFE puede invocarlos y trasladar al gobierno del estado sus sobrecostos. No disponemos de un cálculo cercano a lo que eso significaría en dinero, excepto la indicación de “son muchos millones de pesos”. 

Además, si el funcionamiento de Tanque Tenorio sigue deteriorándose y en algún momento deja de procesar los mil 050 litros por segundo de su capacidad, las aguas residuales de la zona conurbada San Luis-Soledad volverían a acumularse a cielo abierto en el embalse del sureste de la ciudad y otros lugares, con varios y graves riesgos para la salud pública. El mayor de todos, que a la vuelta de pocos años esas aguas altamente tóxicas vuelvan a comenzar a filtrarse al acuífero subterráneo que proporciona agua potable a más del 80 por ciento de la población. Una catástrofe.

Como la termoeléctrica de Villa de Reyes no es una instalación ni barata ni portátil que se pueda desmontar y trasladar a otro lugar, en ausencia de las aguas grises de Tenorio podría volver a utilizar agua potable (“de primer uso”, le llaman los técnicos) del acuífero Jaral de Berrio-Villa de Reyes, que otros llaman “de Gogorrón”. La CFE mantiene sus derechos de explotación sobre 17 pozos profundos, de cada uno de los cuales debería extraer un promedio de 26 litros por segundo las 24 horas del día los 365 días del año. 

Esta es una explotación brutal. Mientras que los pozos de uso agrícola se ponen a trabajar un determinado número de horas ciertos días de la temporada agrícola, los de la CFE estarían trabajando sin descansar nunca.

Así lo hizo la termoeléctrica durante 20 años, de 1986 al 2006 cuando comenzó a operar Tanque Tenorio. Durante los últimos 18 años que dejó de ser sobreexplotado, el manto subterráneo de Jaral-Villa de Reyes se recuperó y hace pocos años la Comisión Nacional del Agua lo declaró nuevamente “estabilizado”, lo que significa que se le extrae el mismo volumen de agua que el que recibe de recarga. Este fue un gran logro ambientalista que ahora corre el riesgo de esfumarse.

Peor se vuelve el panorama si recordamos que al iniciarse el envío de agua tratada a la termoeléctrica, se comenzó a proyectar un ducto paralelo (unos 60 kilómetros) que trajera agua potable de aquel acuífero para abastecer la mancha urbana. Serían 450 litros por segundo. La idea se abandonó para construir la presa de El Realito, que teóricamente proporcionaría el mismo volumen de agua (superficial) a menor costo y sin afectar reservas subterráneas. Aún habiéndose abandonado hace 20 años ese proyecto, el agua “de Gogorrón” constituye una formidable reserva hídrica para el mediano y largo plazo.

LA PENITENCIA ESTÁ RUDA

¿Cómo llegamos a esta situación de múltiples riesgos sanitarios, ambientales, hidráulicos, financieros y energéticos? La respuesta es clara y sencilla: por la incompetencia, irresponsabilidad y frivolidad del gobierno gallardista que padecemos.

Algo de contexto. La planta de Tanque Tenorio es parte medular del llamado Programa Integral de Saneamiento de la zona conurbada San Luis-Soledad, que comenzó a proyectarse a mediados de los 90s, en el gobierno de Horacio Sánchez Unzueta; continuó en el de Fernando Silva Nieto (1997-2003) y tuvo su gran logro en 2006, ya con Marcelo de los Santos, al iniciar operaciones esa moderna instalación, de las más avanzadas en su tipo a nivel nacional e internacional.

Hasta mediados de los 90s la ciudad prácticamente no daba tratamiento a nada de sus aguas residuales. Hace unos años llegaba al 75 por ciento aproximadamente, y estaría cerca del cien por ciento si errores y corrupción no hubieran malogrado la planta de El Morro, que permitiría aproximarse a la meta de saneamiento integral. Es un proyecto que se puede recuperar, pero ninguna autoridad parece interesada. Hoy día, con Tanque Tenorio funcionando a su capacidad, la ciudad puede tratar alrededor de 63 por ciento. Es decir, de los aproximadamente 2 mil 800 litros por segundo de aguas residuales que genera la mancha urbana, el conjunto de plantas públicas y privadas pueden tratar mil 750. 

Tanque Tenorio fue producto de un contrato público-privado de prestación de servicios, por el cual el gobierno del estado prácticamente no aportó ni un peso. El 37 por ciento lo puso el gobierno federal a fondo perdido y el resto un consorcio formado por las empresas Degremont México, Sumitomo Corporación y Prodin (integrada esta última por una docena de constructores potosinos). Andando el tiempo, el gigante francés del ramo, Veolia, se quedó con la mayor parte del capital, y el pequeño porcentaje restante sigue en manos de los paisanos de Prodin. 

Veolia debía cumplir 18 años de operación, cobrando distintos tipos de tarifas, para recuperar su inversión, hacer autofinanciable el funcionamiento de la planta y obtener utilidades. Cumplió rigurosamente su parte. Tanque Tenorio obtuvo varios premios internacionales y fue citada como planta modelo en publicaciones especializadas. Las cosas marcharon bien hasta que llegó Gallardo.

Todo comenzó a descomponerse desde fines del 2021. Lo primero, la nueva administración dejó de pagar. Como ya comenté en columna anterior, Veolia entregaba el agua tratada a la CEA a razón de 4.25 pesos el metro cúbico (mil litros) y ésta lo revendía a la CFE a precios que fluctuaron entre 10 y 12 pesos. Los 600 litros por segundo sobrantes se envían a agricultores de Villa de Pozos y Soledad. 

Luego de más de un año de no recibir sus pagos, Veolia activó a principios del año pasado un mecanismo financiero de seguridad contemplado en los contratos, consistente en una línea bancaria de crédito contingente, garantizada con las participaciones federales. Cuando le aplicaron el cobro, el gobernador Gallardo Cardona puso el grito en el cielo, y sin entender de qué iba la cosa responsabilizó a Banorte de haberse cobrado a lo chino decenas de millones de pesos. En represalia le canceló todas las cuentas del gobierno, que eran la mayoría, y parece que sigue sin entender que el banco solo cumplió su parte en un fideicomiso que está suscrito por y compromete al gobierno del Estado. 

Para no volver a generar turbulencias, al acumularse otros cientos de millones de pesos de adeudo el año pasado, Veolia propuso al gobierno del estado vía la CEA que se prorrogara cuatro años la vigencia del contrato, y que en ese lapso, mediante “abonos chiquitos”, se le pagara lo que se le debía, sin acumular nuevos adeudos, claro. Según nos dicen altos ejecutivos de la compañía, sus intentos de negociación fueron con la pared: quienes los oían ni les entendían ni tenían la menor capacidad de decisión.

Todavía en diciembre pasado, ya con un adeudo superior a los 200 millones de pesos, y en la misma tesitura de no hacer olas, la empresa activó otro mecanismo contemplado en los contratos: mesas de negociación con la participación de un mediador profesional. Igual: ni les entendieron ni les respondieron.

Fue así que llegó el 20 de febrero, cuando se cumplían los 18 años del contrato. Vistas las experiencias recientes, Veolia se preparó para entregar y marcharse con su personal. Por parte de la CEA fue a recibir la planta personal jurídico y de administración, principalmente. Cuando vieron que todos los ingenieros, químicos, laboratoristas, mecánicos y demás operadores de Veolia ya se iban, entraron en pánico y pidieron a la empresa que se quedaran unos días más. Para no verse tan crueles les dejaron dos técnicos y adiós.

En los días previos a la terminación del contrato, una empresa poco conocida, denominada ATT Agua, comenzó a publicar en portales especializados ofertas de empleo para técnicos en San Luis Potosí. Algo ha sucedido, porque ayer por la mañana seguían siendo cuatro los operadores encargados de hacer lo que antes hacían casi veinte. En total la planta ocupaba con más de 40 personas, incluidos administrativos, choferes, vigilantes, etcétera.

Las consecuencias de esta impreparación, falta de responsabilidad y frivolidad del gallardismo están a la vista. Hay que enfatizarlo: un asunto que marchaba bien desde hace 18 años y que sorteó tres cambios de sexenio, de súbito, por berrinche, capricho e ignorancia se descompuso y ahora entraña serios riesgos sanitarios, ambientales, financieros, hidráulicos y energéticos que nos amenazan a todos los potosinos. Y huele fuertemente a corrupción. Cosa de esperar a que los nuevos operadores den la cara y se pueda saber quién o quiénes están detrás.

Hasta el próximo jueves.