Reforma

Esta semana el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Arturo Zaldívar, durante el espacio de la "mañanera", ante la presencia del Presidente Obrador, hizo entrega de un documento que contiene una impostergable reforma al Poder Judicial de la Federación. 

Ciertamente, hace semanas se sabía de este punto para la agenda legislativa, sólo que, el documento "fugado" (se le achaca al Fiscal General de la Nación), era realmente una miscelánea que incluía, la propuesta de creación de un Código Penal Nacional (ideario para nada nuevo sino de hacía muchos años), asimismo, propuestas para modificar el juicio acusatorio contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Aquí estuvo el desatino que armó la polémica. Pues mientras, la propuesta del Ministro Zaldívar se circunscribe a cuestiones orgánicas o internas (como también lo hacía la primera, sólo que mezcló varios asuntos importantes en el mismo costal), la del Fiscal General tocaba varios aspectos donde definitivamente no hay consenso en la población, lo que es más, existe una gran resistencia, pues, una cosa es aumentar los controles democráticos sobre el Poder Judicial, y otra muy distinta, alterar las reglas del Derecho Humano al Debido Proceso, suprimiendo garantías elementales para cualquier acusado. 

En efecto, una cosa es ponerse de acuerdo en las conductas que se han de considerar prohibidas, así como, la severidad de sus penas, desde luego, el respeto irrestricto al derecho a la defensa adecuada, y otra cosa, es poner orden a los jueces, en cuanto al nepotismo, corrupción, acoso sexual o laboral. Mientras lo primero nos afecta a todos, lo segundo se centra en una exigencia social sobre un ente público, que ya estaba y está bajo el escrutinio de la sociedad. Por ello, bienvenido el proyecto, que podrá ser enriquecido con la opinión de los legisladores, sin duda. Pero lo más importante es el reconocimiento social a la problemática de la corrupción judicial. 

También, contempla una cambio trascendental en los conceptos "tesis y la jurisprudencia",  empero, en décadas los abogados estuvieron acostumbrados a usar la jurisprudencia como una norma jurídica irrefutable, lo que, se pretende ahora, es que sean sentencias que engloben una argumentación o razonamiento judicial, y, no es lo mismo, jueces y litigadores no argumentan, están acostumbrados a usar premisas incuestionables, paradójicamente, algo así como el propio "eslogan" de la Judicatura Federal "ya lo dijo la Corte (sic)", y por ende, se acabó la discusión, eso es falso, se tomará una postura pero la discusión nunca terminará mientras el ser humano este dotado de razón. 

En esta misma lógica, vale la pena comentar la columna de ayer de Juan José Rodríguez (aquí mismo en Pulso), quien ligaba este tema con el proceso de ratificación de los Magistrados del Poder Judicial en este Estado, al margen, de sus apreciaciones en la (in)conveniencia de hacerlo para ciertos togados, lo cierto es, que se abre una coyuntura democrática para el Congreso en su deliberación, coincido con el columnista, el proyecto del Ministro Zaldívar esta emparejado, ya que, lo que también queremos es una judicatura local ausente de corrupción. 

El problema está, que tradicionalmente se ha evaluado la ratificación de los magistrados en función de indicadores cuantitativos, por ejemplo, cuantas sentencias le son revocadas por un tribunal de amparo, dejando afuera evaluaciones de carácter cualitativo, ósea, aquellas que van ligadas al perfil subjetivo del togado, es decir ¿ha cometido acoso laboral o sexual frente a sus empleados de la judicatura? ¿ha incurrido en prácticas de nepotismo beneficiando a sus familiares, cónyuge o pareja sentimental? Ya que, es precisamente la intención de la reforma federal, sin duda, podríamos avanzar mucho más en la cultura democrática.  

Aquí está la trascendencia de la propuesta del Ministro Zaldívar, las personas tenemos derecho a una justicia imparcial e independiente, la imparcialidad incluye la variable subjetiva, como lo ha dicho la Corte Interamericana de DH, es decir, jueces no prejuiciados ni prejuiciosos, asimismo, la independencia judicial no sólo se manifiesta en la no intromisión de otros poderes del Estado, sino además, en la garantía de que el togado no se confabulará con éstos, ni estará proclive a recibir "línea" sino que se comportará como un verdadero contrapeso democrático. 

Las y los espero con el gusto de siempre el próximo viernes.

carloshernandezyabogados@hotmail.com