Retroceso Judicial
El panorama legal en México se ha visto sacudido por la propuesta de reforma al Poder Judicial presentada por el presidente López Obrador y su administración. Desde su divulgación, han surgido numerosas preocupaciones sobre el alcance y las implicaciones de esta iniciativa, que parece más orientada a consolidar el poder en manos del gobierno actual que a mejorar la administración de justicia en el país.
Uno de los aspectos más inquietantes de esta reforma es su falta de consideración por los derechos y necesidades de la ciudadanía. Al examinar detenidamente el texto de la iniciativa, queda claro que su principal objetivo es crear un Poder Judicial a medida para proteger los intereses de la llamada Cuarta Transformación, como si fueran intocables y eternos. En lugar de fortalecer la independencia judicial y garantizar la imparcialidad, la propuesta parece diseñada para alinear al Poder Judicial con los intereses del gobierno en turno.
La reforma pretende una reestructuración radical del Poder Judicial, que afectaría tanto al ámbito federal como al local. Esta visión de que “nada en el Poder Judicial sirve” es preocupante y sugiere una falta de reconocimiento de los logros y desafíos del sistema judicial actual. La propuesta incluye cambios significativos, como la elección popular de funcionarios judiciales, lo cual plantea interrogantes sobre la independencia y la idoneidad de los candidatos.
Una de las modificaciones más alarmantes es la eliminación de la Suprema Corte tal como la conocemos. Con la desaparición de las salas temáticas, se limitaría drásticamente la capacidad de la Corte para conocer y resolver casos de interés público. Esto no solo socavaría el papel del Tribunal Constitucional en la protección de los derechos fundamentales, sino que también dificultaría el acceso de la ciudadanía a la justicia.
Además, la propuesta contempla la reducción del número de ministros de la Suprema Corte, sin ofrecer una justificación clara para este cambio. La aparente arbitrariedad en esta medida plantea dudas sobre las verdaderas intenciones detrás de la reforma y sus posibles repercusiones en la calidad y diversidad del órgano judicial más importante del país.
Otro aspecto preocupante es la introducción de la politiquería en la selección de candidatos judiciales. Permitir que los aspirantes hagan campaña podría abrir la puerta a influencias indebidas y comprometer la imparcialidad del proceso de selección. Esto representa un riesgo grave para la integridad del sistema judicial y la protección de los derechos humanos en México. La imparcialidad y la idoneidad de los jueces deben ser criterios fundamentales en su selección, no su afinidad política o capacidad para hacer campaña. La politización del Poder Judicial socava la confianza pública en la justicia y debilita el Estado de derecho.
Insisto que la concentración de poder en manos de una sola entidad política representa una amenaza para la independencia judicial y la imparcialidad del sistema legal. La justicia debe ser un baluarte de la democracia y los derechos humanos, no un instrumento al servicio de intereses partidistas.
Entonces la propuesta de reforma al poder judicial impulsada por el presidente afecta a organizaciones de la sociedad civil, como Cambio de Ruta, debido a su potencial impacto en la independencia judicial, los derechos humanos y la capacidad de la sociedad civil para defender y promover estos derechos. En efecto, la independencia del poder judicial es un pilar fundamental de cualquier democracia que busca garantizar un equilibrio entre los poderes del Estado, por lo que aumentar el control del Ejecutivo sobre el Judicial pueden comprometer esta independencia. Para organizaciones como Cambio de Ruta, que abogan por los derechos humanos y la justicia, una menor independencia del poder judicial podría dificultar la defensa y promoción de estos derechos, al enfrentarse a un sistema judicial más susceptible a influencias políticas. También se verá perjudicado el Acceso a la Justicia para los sectores más vulnerables de la sociedad. Las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel crucial en el acompañamiento de estas comunidades en sus luchas legales. Un poder judicial menos autónomo podría traducirse en procesos judiciales más largos, costosos y, en algunos casos, parciales, afectando directamente la labor de estas organizaciones en la defensa de los derechos de los más desfavorecidos. Y la Protección de Derechos Humanos se precarizará y entonces la lucha contra la impunidad y la promoción de los derechos humanos podrían enfrentar mayores obstáculos.
En conclusión, la propuesta de reforma al Poder Judicial plantea desafíos significativos para el sistema legal mexicano. Es fundamental que se aborde de manera responsable y con un enfoque centrado en fortalecer la independencia judicial y proteger los derechos humanos. Solo así se podrá garantizar una administración de justicia justa y efectiva para todos los ciudadanos.
Delírium trémens.- No se enoje. Busquemos más democracia y participación ciudadana, dejando de lado la politiquería sin sustancia.
@luisglozano
