RIESGOS MAYORES

Conforme se acerca el momento culminante -elecciones mediante voto popular- de la gran reforma a nuestros poderes judiciales federal y estatales, más se extiende la percepción de que las cosas no van a salir bien. Esta idea compartida por muchos, que probablemente sean mayoría, viene acompañada invariablemente de una reflexión que ya antes hemos mencionado: ciertamente, el aparato de impartición de justicia de nuestro país necesitaba un cambio profundo, pero no tenía por qué ser este que está en curso.

     Nadie en su sano juicio podría negar que al paso de los años nuestras judicaturas se mostraban cada vez más afectadas de corrupción, nepotismo, tortuguismo, clasismo, privilegios excesivos y atrincheramiento en torres de marfil, y que hacía tiempo ya que estaba urgido de una sacudida transformadora. Lo que preside la conversación nacional sobre esta cuestión es la duda de si el gran cambio tenía que ser el que está en curso, que de entrada carga con varias inconveniencias mayores: ideologización, politización y populismo de lo que debe ser una función técnica del Estado.

Si uno escucha con atención los argumentos de las partes confrontadas por esta reforma, podrá percibir que de uno y otro lado hay más dogmas, pasiones e ilusiones que razones, reflexiones y datos duros.

     He escuchado, por ejemplo, que nada tiene de objetable un nuevo esquema que descansa en la democracia más pura. “Nada hay más democrático que dar al pueblo la facultad de decidir mediante su voto sobre las grandes cuestiones nacionales”, se dice. De entrada, semejante planteamiento parece irrebatible. Pero veámoslo más de cerca: si como se espera acude a votar uno o uno y medio de cada diez ciudadanos, ¿podemos con seriedad catalogar eso como un grandioso ejercicio democrático?

      Además, si el voto popular universal, libre y secreto fuera como los sacramentos religiosos que borran todos los pecados y garantizan la salvación, ¿por qué no someter al dictado de las urnas la política fiscal; por qué no llevar a las mesas de votación el monto de los impuestos? Igual, ¿por qué no dirimir mediante ese método los nombramientos de los principales funcionarios del sistema de salud (el que sea que tengamos)?

Antes de que alguien me diga que, por ejemplo, en el caso de la política fiscal su aprobación final corresponde a los señores diputados en su calidad de representantes populares, yo les diría que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación venían siendo elegidos por el Senado de la República, cuyos integrantes también son representantes populares. Luego, por algo así como representación vicaria, esos ministros elegían jueces y magistrados. Nuestros embajadores no pasan la prueba del ácido de las urnas porque también los avala el Senado como órgano de representación ciudadana.

Otro cuestionamiento al proceso reformista en marcha para la cual no he encontrado ninguna respuesta medianamente satisfactoria es ¿por qué la prisa? Todos sabemos que se emprendió en “la ventana de septiembre” cuando un nuevo Congreso de la Unión con amplia mayoría oficialista coincidió con los últimos 30 días de mandato de Andrés Manuel López Obrador. 

Dudo mucho que el país se hubiera colapsado, que nuestra República federal, representativa y democrática hubiera saltado en pedazos, que hubiéramos perdido soberanía y territorio si la reforma judicial se hubiera discutido y analizado más a fondo durante un año más. Nada había que justificara tanta prisa, excepto el afán de la 4T de despedir en olor de gloria a su fundador y patriarca.

     Somos la economía número 14 del mundo y la décima nación más poblada del planeta. ¿De qué sirve si a través de sus “representantes populares” el país entero se pone al servicio voluntarioso y caprichudo de un solo hombre que además ya se iba? Muchos mexicanos están (estamos) convencidos de que el resorte principal de esta reforma fue el obsesivo propósito de López Obrador de cobrar venganza contra los ministros de la Corte que durante su sexenio frenaron reformas legales que a él le interesaban mucho.

    ¿Meternos en este berenjenal de saldos tan inciertos y peligrosos, porque AMLO no quería irse sin cobrar sus facturas de la judicatura? Creo que eso nos empequeñece como país.

OTRO ELEMENTO DE JUICIO

Si elegir juzgadores en todos los niveles fuera una panacea, una solución a todos los males en la impartición de justicia, por qué entonces solo lo practica uno de los casi 200 países pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas. Efectivamente, de los 193 estados adheridos a la ONU y dos más en calidad de observadores, únicamente uno, Bolivia, aplica ese sistema, cuyos resultados en los hechos dejan mucho que desear y son motivo de controversias inacabadas.

    En algún momento a fines del año pasado, cuando se comenzaba a discutir la reforma mexicana, se dijo que los Estados Unidos de América, también lo hacía. Pronto se desmoronó la afirmación. En nuestro vecino del norte únicamente se eligen juzgadores de nivel local, estatal le llamaríamos nosotros, y solamente se hace en la mitad de los 50 estados de la Unión Americana. Allá, todos los jueces de la Corte Suprema y los de tribunales regionales son designados por el Ejecutivo y ratificados por el Congreso.

    Hay otros casos que podríamos llamar mixtos o híbridos. En Japón, por ejemplo, los juzgadores de alcance nacional son designados por el Ejecutivo, pero cada diez años deben someterse a una elección popular para su ratificación. En Francia se elige por la ciudadanía a jueces de pequeñas jurisdicciones equivalentes a nuestros municipios. Algo parecido ocurre en Suiza, al nivel de sus cantones.

    En ningún país, excepto en Bolivia y ahora en México, los juzgadores de alcance nacional o federal son electos en urnas. ¿Quiere esto decir que en las otras 190 naciones -muchas con sistemas judiciales robustos, independientes y de desempeño eficiente, y otras con regímenes democráticos inobjetables- son lerdos y han decidido ignorar métodos como el boliviano y el mexicano? Imposible asumirlo.

    Mucho me temo, y duele reconocerlo, que nuestro país ha entrado en una ruta de alto riesgo, que puede significar injusticias mayores, desajustes costosos y retrocesos innecesarios, solamente por cumplirle su deseo vengativo a un expresidente. No se vale.

    Insisto en algo: nuestros aparatos impartidores de justicia, tanto el federal como los estatales, desde hace años daban claras muestras de necesitar una buena sacudida, reformas profundas, pero no necesariamente las que están en marcha. Lo que sin duda era un desafío de eficiencia y eticidad lo convertimos en una empresa ideologizada y revanchista.

    Finalmente, hago mío el planteamiento que le he escuchado en un par de programas televisivos de opinión a la reconocida jurista Ana Laura Magaloni, quien palabras más palabras menos sostiene que si de lo que realmente se tratara es de mejorar las cosas no solo en el ámbito de impartición de justicia (Poder Judicial) sino también en el de procuración (fiscalías, supuestamente autónomas) y cumplimiento (Poder Ejecutivo), se debió comenzar en otro rubro. El de las fiscalías, precisamente.

    “Para la población, la puerta de entrada a la justicia son las fiscalías”, sostiene Magaloni. Coincido totalmente. Con el nuevo sistema penal que lleva casi 10 años de aplicación en nuestro país, muchos asuntos ya no llegan a los juzgados, se pueden arreglar mediante acuerdo de las partes en el primer puerto de entrada que son las fiscalías, estatales y federal. Parecería que además de todo empezamos por el lado equivocado. No queda mucho espacio para el optimismo.

COMPRIMIDOS

Dice Maribel Lemoine en su carta de renuncia al PRI, dirigida a Sara Rocha: “Este no es el partido que yo conocí, ni en el que yo milité durante 33 años; aquel partido que pugnó en favor de la clase trabajadora, del campesino, de los hombres, mujeres y niños que necesitaban ser representados; tengo plena conciencia de que estas dirigencias, al día de hoy no me representan. No cierro los ojos a errores del pasado que hicieron que la gente dejara de creer en nosotros, pero tampoco para dejar de ver que desde el interior hemos dejado de creer en el partido que han convertido de su propiedad, ejemplo de descaro, ignominia, desfachatez, cinismo, autodestrucción, y menosprecio a los derechos políticos del ciudadano y el alejamiento del pueblo que quiere participar, pero que ustedes por el juego perverso de sus intereses no lo dejan…”. Tiene razón.

Ahora que se ha puesto en modo didáctico, la secretaría municipal de seguridad pública podría emprender una positiva campaña de orientación pública: informar a la ciudadanía en general que nadie es dueño del tramo de calle que queda frente a sus casas. Salvo aquellos que obtienen y pagan un permiso al Ayuntamiento para tener en exclusividad uno o más cajones de estacionamiento, el resto de los mortales no tiene por qué prohibir el aparcamiento de cualquier ciudadano en esos espacios, que son públicos. Hay cada desorientado que o pone obstáculos o sale de sus casas a correr a cualquier automovilista. Eso es motivo frecuente de pleitos.

Recién se anunció que el sistema de transporte público colectivo conocido como Red Metro, que opera el Gobierno del Estado, extenderá sus rutas para llegar hasta el aeropuerto, en cuanto esté concluida la urbanización del río de Santiago. De entrada, dicho proyecto parece un disparate, pues el movimiento normal de pasajeros en la terminal aérea no lo justifica, ni hay núcleos de población que lo requieran.  Pero cuando se indaga un poco y aparecen los nombres de los propietarios de grandes extensiones de terrenos en aquella zona, desde Palma de la Cruz hasta donde se acaba el horizonte, todo se aclara. Seguro ya adivino usted de quiénes se trata.

La embestida gubernamental contra el centro de espectáculos El Domo, para que deje de presentar eventos atractivos, tiene mucho de gansteril. Ya sus dueños y conocidos tienen perfectamente claro que de lo que se trata es de eliminar cualquier competencia a la Arena Potosí, cuyos beneficios son administrados en la mayor opacidad y bajo gran sospecha de a donde van a parar finalmente. Pero ni quién diga nada. Ni siquiera los afectados, que andan espantados desde que se los quisieron comprar a precio de remate. Seguro ya adivinó usted de quienes se trata.

Luego de algunos mensajes en redes la noche del martes, bien a bien no sé qué ha pasado con el colega Omar Niño. Espero se encuentre bien y ya habrá oportunidad de retomar el asunto.

Hasta el próximo jueves.