Sensacional de traileros

Un tráiler cargado de paquetes con la leyenda “despensa de campaña” se atora en un puente vehicular y nadie las reclama. Sin documentación que registre origen y destino de dicha carga, distintas autoridades locales de la entidad potosina se hacen guajes para investigar los hechos. No es sino hasta que el presidente AMLO pide que se revise tan escandaloso asunto que, más rápidos que el rayo, algunos partidos secundan esa moción para tratar de deslindarse de antemano. Como en aquélla famosa historieta de hace años, resulta que este suceso pareciera reducirse a una narrativa colorida y divertida; sin embargo, se trata de un episodio de la vida real que desnuda viciadas prácticas que se resisten a desaparecer en el sistema político mexicano.

Pero la intervención del presidente AMLO pone las cosas en perspectiva. Denunciar el hecho de marras para que se investigue, como es debido, no sólo muestra la voluntad presidencial de combatir la corrupción allí donde otras autoridades fallan y evaden su responsabilidad; también muestra su probado oficio político para que nadie se llame a sorpresa pensando que no le interesa lo que aquí y allá se está jugando. Es evidente que el presidente está atento e informado del curso que siguen las campañas de partidos y candidatos en todas partes, por lo que el incidente del tráiler referido es, apenas, la punta de un iceberg que puede hundir la coraza de cualquier proyecto político que, en la actual coyuntura electoral, pretenda pasarse de la raya.

Cuando el presidente pide que se investigue y se llegue al fondo del asunto del tráiler, no se está dando un balazo en el pie; esto es, que la primera observación, a leer entre líneas, es la de que no se trata de una responsabilidad que tenga que ver con Morena. De allí que mientras algunos partidos ni sudan ni se abochornan, otros se hayan apresurado a medio ponerle un cascabel al gato, como luego se dice. En todo caso, la intervención presidencial resulta afortunada porque, a diferencia de lo que se acostumbraba en el antiguo régimen político, que “no avisaba” (Salinas de Gortari, dixit) cuando hacía de las suyas, el gobierno actual avisa que no permitirá cualquier desafío a una política de Estado que pugna por la regeneración de la vida pública nacional.

Más allá de que puedan actualizarse hipótesis normativas que castigan los delitos electorales con severidad, debe resaltarse la voluntad política del actual gobierno federal para impedir que se haga de la dádiva una práctica que atenta contra la dignidad humana. La repartidera de “frijol con gorgojo” es una grave ofensa que, afortunadamente, el pueblo mexicano ha resuelto ya rechazar y exhibir como debilidad política de quienes consideran que así se compran conciencias. Solamente un Pancho Villa podría darse el lujo de repartir maíz en su salacot y proponer castigar, hasta con la pena de muerte, a quienes cometieran fraude electoral, documenta Paco Ignacio Taibo II en su biografía narrativa del Centauro del Norte (Manifiesto de San Andrés de 1916).

Dar de comer al que tiene hambre es uno de los deberes éticos milenarios de afirmación de la vida y no debe confundirse con la demagogia política del tiempo electorero. Así, pues, el reto es la intervención decidida de todas las autoridades para evitar que se descarrile el proceso comicial, sofocando con sentido de oportunidad las maniobras sucias que suelen aplicar algunos actores políticos amparados en una tradición de impunidad que, empero, ya no resiste más. El presidente ha marcado la pauta y, sobre todo, gobiernos e instituciones locales no pueden hacer como que le juegan al enmascarado, so pena de terminar chamuscados. En suma, el reclamo social es que no sea cotidiano que nos cuenten otra de vaqueros, camioneros o de cualquier otro oficio noble para encubrir los enjuagues de actores políticos perversos.