Termómetro Social
“Los fines No justifican los medios”
Esta semana se el INEGI publicó los resultados del tercer trimestre de 2024 sobre la seguridad pública urbana. El objetivo de esta medición es la percepción social en la población de 18 años o más, y es junto a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), dos referentes necesarios en el clima social con respecto al delito.
También en este mes la prensa da cuenta de un intento de linchamiento de un presunto ladrón en la colonia Rancho la Libertad, en esta ciudad, donde días previos se asesinó a tiros a otra persona de supuestamente lo mismo en la colonia Bellas Lomas.
El linchamiento, aunque suele surgir de la frustración colectiva ante la ineficiencia de las autoridades, es una forma de justicia que abre la puerta a la barbarie. Los agresores que toman justicia por propia mano lo hacen sin la intervención de una autoridad legal, sin pruebas fehacientes de culpabilidad y sin respetar los principios del debido proceso. Esta forma de violencia no solo transgrede la ley, sino que también mina los pilares fundamentales de un Estado de derecho, donde la justicia debe ser imparcial y ordenada.
Por más que los sistemas de seguridad pública y de procuración e impartición de justicia puedan fallar, siempre serán preferibles a un linchamiento, donde el caos y la falta de control dominan. Los linchamientos no ofrecen garantías de justicia real; al contrario, suelen basarse en rumores, miedos colectivos y emociones desbordadas, lo que puede llevar a la ejecución de personas inocentes o a la desproporción en el castigo. En una sociedad donde impera el linchamiento, no hay espacio para los derechos humanos ni para la equidad, y la violencia tiende a perpetuarse.
La solución, por tanto, no radica en la “justicia” popular, sino en el fortalecimiento y la mejora de los sistemas de justicia formal. Debemos exigir la correcta actuación de las autoridades, que investiguen con rigor, que presenten pruebas y que juzguen con imparcialidad. Solo de esta manera podremos garantizar una sociedad donde la justicia no sea sinónimo de venganza ni violencia, sino de equidad y paz.
Cierto es también, que existen focos de alerta en materia de seguridad pública, prueba de ello es que en 2023, se expuso una situación alarmante en el ámbito de la procuración de justicia en varias regiones de México, incluyendo San Luis Potosí.
De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal (CNPJE-F), en la entidad potosina se abrieron 60,761 investigaciones en la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, un preocupante 82.7% de estos casos (50,257 en total) permanecieron sin resolver.
El linchamiento responde a una debilidad histórica en una esfera pública fuerte, donde han emergido formas paralelas que disputan el monopolio de la violencia al Estado, sobre todo, en la resolución de conflictos; dado, a procesos históricos y estructurales de marginación (Díaz, 2004).
Implica la acción de ciudadanos en contra de otro ciudadano (siempre en inferioridad numérica) que, presumiblemente ha cometido un crimen o ha violado una norma social, una forma de violencia secundaria. En contra algún otro acto que es definido como criminal o violento, o que perturba la convivencia comunitaria (Fuentes, 2006).
Lo anterior se traduce en un el rebasamiento de esos niveles (de tolerancia) a situaciones de impunidad, de tensión acumulada y desesperación comunitaria, transformándose en un discurso fatalista (y fatigoso al acceso a la justicia), reproduciéndose la violencia histórica a la que han sido sometidas (Díaz, 2004).
De momento se terminan las líneas de este mi espacio editorial. Las y los espero con el gusto de siempre el próximo viernes.
carloshernandezyabogados@gmail.com
