“El vínculo más básico que tenemos en común es que todos vivimos en este pequeño planeta. Todos respiramos el mismo aire, todos valoramos el futuro de nuestros hijos y todos somos mortales".
J.F. Kennedy
Les comentaba en pasadas columnas las posturas en el rubro de seguridad y justicia de las coaliciones políticas de los partidos de MORENA, PT y PES, así como de la coalición PAN, PRD y MC.
El día de hoy trataré de advertir los cinco puntos en la misma materia de la probable coalición PRI, PVEM y el PANAL. A diferencia de las otras coaliciones, ésta no ha presentado aún una plataforma concreta en seguridad, solamente ha esbozado en esta semana su precandidato algunas primicias de la idea generalizada de la inseguridad.
Si bien es acertado proponer una Cruzada Nacional por la seguridad, también es cierto que desde hace muchos años no se ha podido consolidar un esfuerzo nacional conjunto en seguridad, porque la materia prima de la misma, policías, ministerios públicos, peritos, jueces y custodios, así como sus instituciones, no están en la agenda prioritaria a nivel nacional, estatal y mucho menos a nivel municipal.
La noción de un México en paz hace seis años era, la consolidación de la fortaleza institucional. “Cuando éstas no existen o son insuficientes, se limita la capacidad de la ciudadanía para demandar sus derechos y se debilita la legitimidad del Estado”.
Por otro lado, “las instituciones de seguridad del país deben tener como fin prioritario garantizar la integridad física de la población. México ha enfrentado en los últimos años una problemática sin precedentes en términos de seguridad pública. La falta de seguridad genera un alto costo social y humano, ya que atenta contra la tranquilidad de los ciudadanos. Asimismo, esta carencia incide en el potencial de desarrollo nacional, inhibiendo la inversión de largo plazo en el país y reduciendo la eficiencia operativa de las empresas”.
El slogan de “Seguridad Total, Cero corrupción”, no parece encuadrar en los cinco puntos del Plan:
Se quitará el dinero y los bienes a los corruptos y las armas a la delincuencia,
Castigos iguales para quienes cometen el mismo crimen en cualquier lugar del país,
Se formará una gran policía, con oficiales entrenados, protegidos y muy bien pagados,
Los criminales no tendrán en donde esconderse, gracias a un sistema integral de identificación y registro, y
Se atenderán todas las causas sociales de la delincuencia.
Parece ser un plan de continuidad en materia de seguridad del actual gobierno federal, aunque solamente empata en dos puntos, ya que la meta de un México en paz al inicio del gobierno actual fue “la prioridad, en términos de seguridad pública, la de abatir los delitos que más afectan a la ciudadanía mediante la prevención del delito y la transformación institucional de las fuerzas de seguridad”.
En este sentido, se buscaba “disminuir los factores de riesgo asociados a la criminalidad, fortalecer el tejido social y las condiciones de vida para inhibir las causas del delito y la violencia, así como construir policías profesionales, un Nuevo Sistema de Justicia Penal y un sistema efectivo de reinserción social de los delincuentes”.
Los dos temas que resultan interesantes de los cinco y no tienen que ver con seguridad, sino con justicia, son los de: Un Código Penal Único y la extinción de dominio.
En lo referente a un Código Penal Único, considero relevante la propuesta a que de una vez por todas se debe homologar la legislación penal, no es posible que se tenga una normativa procedimental nacional solamente. De continuar con treinta y dos códigos penales, en un federalismo meramente ramplón que era positivo en un México mucho muy distinto al que hoy tenemos, forja impunidad.
Tenemos tipificaciones penales disímiles y punibilidades inverosímiles. A algunos no les conviene, por ejemplo: En el Estado de Tamaulipas se les ocurrió el año pasado como procedente la prisión preventiva oficiosa en los delitos de atentados a la seguridad de la comunidad, tortura, peculado, robo y extorsión. Aunque habría que reconocer un problema en aquellos Estados donde la habitualidad a determinados delitos es la norma, pero no se ejecutan en otros entidades federativas, o que pasaría con el tipo penal de feminicidio, aborto, abigeato, robos con violencia a vehículos, casa habitación, etc.
El otro tema, extinción de dominio. Cuando uno viaja a la ciudad de Medellín en Colombia, por morbo y curiosidad meramente académica se visita la “Hacienda Nápoles”, en el departamento de Doradal, aquella que era de Pablo Escobar, hoy es un parque temático en donde Usted estimado lector puede escoger entre un paquete Plus, Salvaje, Aventura o de Safari, para ver hipopótamos, santuario de fauna, la pista aérea y hasta un parque jurásico.
En México, no han podido encontrar como quitarles las ganancias a los mañosos, el delito es negocio, sino las organizaciones delictivas no funcionarían como empresas licitas. Urgen instrumentos que permitan a la Federación y a los Estados hacerse de recursos y disponer claramente lo decomisado y lo más importante, reparar el daño a las víctimas.
Reglamentaria del artículo veintidós constitucional, la ley de extinción de dominio, refiere que es “la pérdida de los derechos sobre los bienes (cosas materiales que no estén excluidas del comercio, ya sean muebles o inmuebles, y todo aquel derecho real o personal, sus objetos, frutos y productos, susceptibles de apropiación.), sin contraprestación ni compensación alguna para su dueño ni para quien se ostente o comporte como tal.”
TAPANCO: Existen otras figuras que pudieran ayudar a menguar económicamente a las organizaciones criminales: el decomiso, el comiso, la confiscación, el abandono de bienes y la expropiación. Ahí le va querido lector, sin lana, no hay sicarios, armas de fuego, ni funcionarios corruptos, no habría buchonas, y Usted y yo pudiéramos hospedarnos en buenos hoteles decomisados, comer en restaurantes, viajar en yates, aviones económicos, complejos habitacionales a buen precio, ranchos productivos y quintas majestuosas, lotes de autos baratos, ferias y espectáculos regionales gratis para el pueblo, disfrutaríamos de centros comerciales “nice”. Aunque tal vez, algunas economías locales y paraísos de costa colapsarían.
Francisco.soni@uaslp.mx
J.F. Kennedy
Les comentaba en pasadas columnas las posturas en el rubro de seguridad y justicia de las coaliciones políticas de los partidos de MORENA, PT y PES, así como de la coalición PAN, PRD y MC.
El día de hoy trataré de advertir los cinco puntos en la misma materia de la probable coalición PRI, PVEM y el PANAL. A diferencia de las otras coaliciones, ésta no ha presentado aún una plataforma concreta en seguridad, solamente ha esbozado en esta semana su precandidato algunas primicias de la idea generalizada de la inseguridad.
Si bien es acertado proponer una Cruzada Nacional por la seguridad, también es cierto que desde hace muchos años no se ha podido consolidar un esfuerzo nacional conjunto en seguridad, porque la materia prima de la misma, policías, ministerios públicos, peritos, jueces y custodios, así como sus instituciones, no están en la agenda prioritaria a nivel nacional, estatal y mucho menos a nivel municipal.
La noción de un México en paz hace seis años era, la consolidación de la fortaleza institucional. “Cuando éstas no existen o son insuficientes, se limita la capacidad de la ciudadanía para demandar sus derechos y se debilita la legitimidad del Estado”.
Por otro lado, “las instituciones de seguridad del país deben tener como fin prioritario garantizar la integridad física de la población. México ha enfrentado en los últimos años una problemática sin precedentes en términos de seguridad pública. La falta de seguridad genera un alto costo social y humano, ya que atenta contra la tranquilidad de los ciudadanos. Asimismo, esta carencia incide en el potencial de desarrollo nacional, inhibiendo la inversión de largo plazo en el país y reduciendo la eficiencia operativa de las empresas”.
El slogan de “Seguridad Total, Cero corrupción”, no parece encuadrar en los cinco puntos del Plan:
Se quitará el dinero y los bienes a los corruptos y las armas a la delincuencia,
Castigos iguales para quienes cometen el mismo crimen en cualquier lugar del país,
Se formará una gran policía, con oficiales entrenados, protegidos y muy bien pagados,
Los criminales no tendrán en donde esconderse, gracias a un sistema integral de identificación y registro, y
Se atenderán todas las causas sociales de la delincuencia.
Parece ser un plan de continuidad en materia de seguridad del actual gobierno federal, aunque solamente empata en dos puntos, ya que la meta de un México en paz al inicio del gobierno actual fue “la prioridad, en términos de seguridad pública, la de abatir los delitos que más afectan a la ciudadanía mediante la prevención del delito y la transformación institucional de las fuerzas de seguridad”.
En este sentido, se buscaba “disminuir los factores de riesgo asociados a la criminalidad, fortalecer el tejido social y las condiciones de vida para inhibir las causas del delito y la violencia, así como construir policías profesionales, un Nuevo Sistema de Justicia Penal y un sistema efectivo de reinserción social de los delincuentes”.
Los dos temas que resultan interesantes de los cinco y no tienen que ver con seguridad, sino con justicia, son los de: Un Código Penal Único y la extinción de dominio.
En lo referente a un Código Penal Único, considero relevante la propuesta a que de una vez por todas se debe homologar la legislación penal, no es posible que se tenga una normativa procedimental nacional solamente. De continuar con treinta y dos códigos penales, en un federalismo meramente ramplón que era positivo en un México mucho muy distinto al que hoy tenemos, forja impunidad.
Tenemos tipificaciones penales disímiles y punibilidades inverosímiles. A algunos no les conviene, por ejemplo: En el Estado de Tamaulipas se les ocurrió el año pasado como procedente la prisión preventiva oficiosa en los delitos de atentados a la seguridad de la comunidad, tortura, peculado, robo y extorsión. Aunque habría que reconocer un problema en aquellos Estados donde la habitualidad a determinados delitos es la norma, pero no se ejecutan en otros entidades federativas, o que pasaría con el tipo penal de feminicidio, aborto, abigeato, robos con violencia a vehículos, casa habitación, etc.
El otro tema, extinción de dominio. Cuando uno viaja a la ciudad de Medellín en Colombia, por morbo y curiosidad meramente académica se visita la “Hacienda Nápoles”, en el departamento de Doradal, aquella que era de Pablo Escobar, hoy es un parque temático en donde Usted estimado lector puede escoger entre un paquete Plus, Salvaje, Aventura o de Safari, para ver hipopótamos, santuario de fauna, la pista aérea y hasta un parque jurásico.
En México, no han podido encontrar como quitarles las ganancias a los mañosos, el delito es negocio, sino las organizaciones delictivas no funcionarían como empresas licitas. Urgen instrumentos que permitan a la Federación y a los Estados hacerse de recursos y disponer claramente lo decomisado y lo más importante, reparar el daño a las víctimas.
Reglamentaria del artículo veintidós constitucional, la ley de extinción de dominio, refiere que es “la pérdida de los derechos sobre los bienes (cosas materiales que no estén excluidas del comercio, ya sean muebles o inmuebles, y todo aquel derecho real o personal, sus objetos, frutos y productos, susceptibles de apropiación.), sin contraprestación ni compensación alguna para su dueño ni para quien se ostente o comporte como tal.”
TAPANCO: Existen otras figuras que pudieran ayudar a menguar económicamente a las organizaciones criminales: el decomiso, el comiso, la confiscación, el abandono de bienes y la expropiación. Ahí le va querido lector, sin lana, no hay sicarios, armas de fuego, ni funcionarios corruptos, no habría buchonas, y Usted y yo pudiéramos hospedarnos en buenos hoteles decomisados, comer en restaurantes, viajar en yates, aviones económicos, complejos habitacionales a buen precio, ranchos productivos y quintas majestuosas, lotes de autos baratos, ferias y espectáculos regionales gratis para el pueblo, disfrutaríamos de centros comerciales “nice”. Aunque tal vez, algunas economías locales y paraísos de costa colapsarían.
Francisco.soni@uaslp.mx