Transparencia Gallardista: ¡Acceso Denegado!

En San Luis Potosí, sin embargo, la “transparencia” parece haberse convertido en un peculiar género teatral, una suerte de comedia de enredos donde los actores principales, las dependencias gubernamentales, se esmeran en desviar la mirada del público, especialmente cuando se les inquiere sobre el destino de millones de pesos. Permítanme narrarles el último acto de esta obra, que bien podría titularse: “El misterio de los $41 millones y el escurridizo enlace web”.

En el marco de la defensa del derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la información –pilares fundamentales en el litigio estratégico que promovemos–, decidí formular una serie de solicitudes de información pública sobre el llamado Impuesto sobre Emanaciones Contaminantes (ISEC).

¿Qué pedía? Pues bien, mi curiosidad no era caprichosa, sino que apuntaba a entender el destino de los cuantiosos recursos que, mes a mes, se recaudan bajo el argumento de mitigar el daño ambiental. Específicamente, busqué conocer, las transferencias y recursos recibidos por la SEGAM provenientes del ISEC entre enero y mayo de 2025. Quería ver los instrumentos jurídicos que acreditaban esas entregas, las fechas exactas, los conceptos, las cantidades y la vigencia. Mi interés se extendía a los avances, resultados, indicadores de desempeño, y hasta la identidad de los contratistas y proveedores. Finalmente, busqué datos sobre la resolución de conflictos ambientales financiados con ISEC, la planificación futura de los recursos y el marco normativo y operativo. 

¿A quién se dirigieron estas peticiones? En primera instancia, a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM), la dependencia que, por lógica y atribuciones, debería ser la principal ejecutora y administradora de políticas y programas ambientales. Sin embargo, la respuesta de la SEGAM no tardó en llegar, y con ella, la primera pirueta de esta comedia: “Por medio del presente y en atención a su solicitud de información... tengo a bien informarle que dirija su solicitud a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí”. Una elegante manera de lavarse las manos y pasar la papa caliente.

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Siguiendo la “sugerencia”, redirigí mi artillería informativa hacia la Secretaría de Finanzas. A ellos les pedí información sobre la recaudación, el número de contribuyentes, los montos exactos y su clasificación. Pedí el desglose detallado del destino y la aplicación así como conocer su programa de aplicación futura y las transferencias específicas realizadas a la SEGAM, incluyendo convenios y el propósito de cada una, así como el uso de fondos para resolución de conflictos ambientales.

La respuesta de la Secretaría de Finanzas llegó con una astucia digna de un ilusionista. En lugar de ofrecer la información en el formato solicitado o adjuntarla directamente, se limitaron a señalar: “Por este conducto, me permito señalar que la dirección electrónica y/o enlace https://d3dac9gdq8t83x.cloudfront.net/media/archivos/TOMO_3uDzPcmZ.pdf tiene acceso de forma directa con la información solicitada en la presente”. 

Pero, al intentar acceder solo arrojó un mensaje: “AccessDenied Access Denied”. Una y otra vez, el mismo muro digital. La “transparencia” de la administración gallardista se revelaba entonces como lo que es: una argucia, una trampa burda y mañosa para no informar. Se usa un enlace que no funciona, una dirección web muerta, como excusa para no entregar la información que por ley debe ser pública.

Y el contexto de esta opacidad es aún más hiriente cuando sabemos que este impuesto, lejos de ser una cifra marginal, ya ha significado una recaudación millonaria. Según reportes periodísticos, en tan solo tres meses (febrero, marzo y abril de 2025), el gobierno estatal ha logrado captar más de 41 millones de pesos por concepto del ISEC. Esta cifra es asombrosa, especialmente si consideramos que el monto inicial estimado anualmente en la Ley de Ingresos era de 20 millones de pesos para todo un año. ¿Dónde están esos millones? ¿En qué proyectos de mitigación, en qué programas ambientales, en qué acciones concretas para mejorar la calidad del aire o restaurar nuestros ecosistemas se están invirtiendo? La respuesta es un «Access Denied” rotundo.

Exigimos claridad. Estos recursos Los más de 41 millones de pesos del impuesto ambiental no son un botín para esconder, sino un fideicomiso público que debe ser destinado, con la máxima transparencia y eficiencia, a sanar las heridas de nuestro planeta y a garantizar el derecho a un ambiente sano para todos los potosinos. La verdadera transparencia no se predica, se ejerce, y el acceso a la información es un derecho, no una comedia.

Delírium trémens.- Acceda a https://d3dac9gdq8t83x.cloudfront.net/media/archivos/TOMO_3uDzPcmZ.pdf para que se de cuenta de la porquería de transparencia y rendición de cuentas del Gobierno que encabeza Ricardo Gallardo.

@luisglozano