“No hay lógica en una
conclusión moral cuando
la descripción es fáctica”
Ley de Humen
Hace unas semanas la legislatura de San Luis Potosí, reformó el artículo 360 Bis del Código Penal de la entidad para que la Fiscalía investigue oficiosamente (en su caso solicite su enjuiciamiento criminal) al servicio de trasporte público llamado “uber”; el decreto del Congreso se justifica en el derecho humano a la movilidad urbana. Cabe precisar, que aún no se cumplen los 90 días para la entrada en vigor de esta ley, ignoramos (por el silencio), si la CEDH S.L.P promoverá una acción de inconstitucionalidad al respecto, o si de plano, se dejará a los propios prestadores de uber la solicitud de amparo de la federal. Lo cierto del caso, es que la empresa trasnacional uber ha denunciado, como excesiva la criminalización dada en San Luis Potosí.
Empero, lo escandaloso no es la reforma de la actual legislatura (que inquiere una persecución oficiosa de la Fiscalía), lo verdaderamente escandaloso es que, desde 2016 San Luis Potosí haya optado por valerse del derecho penal para regular el servicio de uber.
Cierto es, no es un problema propio de la entidad (ni siquiera de México), en estos días también hemos visto manifestaciones, sobre todo en la Ciudad de México, del gremio de taxistas (también llamado servicio convencional). Lo interesante del caso, será ver el tipo de respuesta que el gobierno de la 4T dará a la problemática, de acusaciones mutuas, que tienen como común denominador el principio de igualdad, por ejemplo, el servicio convencional aduce desigualdad en el trato tributario, mientras, uber denuncia requisitos y exigencias mayores en la prestación de servicios que a los taxis.
El punto es, que la solución gubernamental ofrecida por San Luis Potosí (la criminalización del servicio de uber) es a todas luces injustificada, y este columnista, duda mucho que sea la respuesta del gobierno nacional al mismo problema. Y digo lo anterior, porque simple y sencillamente, a mí me queda claro, el sistema político en el que vivo, el cual, esta constitucionalmente y convencionalmente protegido por tratados internacionales, ósea, vivimos en una democracia que debe de ser respetuosa de los derechos humanos.
Ciertamente, me llamó inusitadamente la atención el tipo de respuesta gubernamental en la entidad potosina, recordé mis ayeres cuando debatíamos el fundamento de la teoría llamada “garantista” del derecho penal, precisamente, el postulado epistemológico que México decidió adoptar desde el 2008, cuando derogó el arbitrario sistema del llamado derecho penal de corte inquisitivo, ese de los expedientes, tomos , escribanos, oscurantista, de formulismos más que lógicos parecieran mágicos, por uno transparente, público, contradictorio, y, lo que es mejor, de pretensiones empíricas y científicas.
Es por ello, que viene al caso recordar qué es el garantismo penal, bien, no se trata más que de una técnica del derecho penal que busca responder a las preguntas del ¿por qué castigar? ¿Por qué prohibir? para ello, es pertinente tener en claro cuál es la función y motivación, es decir, las razones de la criminología empírica, las que (in) justifican el delito y la pena.
Precisamente, es la separación del derecho y la moral lo que fundamenta esta técnica, la cual, además se aleja del dogmatismo penal (vieja tradición del autoritarismo positivista de corte lógico deductivo) por la compaginación en la teoría (la argumentación con fundamento empírico). Ello, no es de suyo menor, pues esta novedosa mirada del derecho penal, nos invita a reconocer que el castigo es ante todo un mal infringido, por lo cual, debe ser el mínimo necesario, a su vez, debe de procurar el máximo bienestar en la protección de los derechos fundamentales, cualquier cuestión que contradiga esto último será una pena o un delito arbitrario.
Así pues, en mi opinión, creo que el gobierno de la 4T actuará en el problema de uber vs taxis, pero estoy seguro, que lo llevará a su estadio idóneo, ósea, el derecho administrativo, y no el derecho penal.
Las y los espero con el gusto de siempre el próximo viernes.
carloshernandesyabogados@hotmail.com