Una oportunidad inesperada

Soy de la idea de que cualquier persona honesta consigo misma debe cuestionar las cosas que escucha y, aún más, las que repite. Durante años —décadas, quizás— hemos escuchado el argumento sobre la legitimidad de un gobierno popularmente electo. Hay quienes señalan con bombo y platillo que la legitimidad de un gobierno o de una mayoría se mide por la cantidad de personas que votaron a favor de esa opción. Y luego, por propiedad transitiva (¿recuerda sus clases de matemáticas?), se afirma que esos miles o millones de votos también respaldan las medidas y decisiones que un gobierno o una mayoría toma “en nombre del pueblo que nos eligió”.

Si aceptamos este argumento sin cuestionarlo, podríamos reconocer también una lógica inversa: algo con menos votos sería menos legítimo. ¿Qué ocurriría si el resultado de una consulta o elección válida tiene un porcentaje de votación bajo? En el caso de las consultas populares, la ley suele establecer umbrales de obligatoriedad: si participa cierto porcentaje del listado nominal, el resultado es vinculante para la autoridad responsable; si la participación es baja, el resultado solo es informativo. Pero, ¿qué pasa con las elecciones en las que la participación es limitada?

Planteo esta provocación como una respuesta a quienes anticipan que la votación en la elección del Poder Judicial podría ser baja —sea lo que sea que eso signifique—. Sin duda, la validez de esta elección se sustentará en la integridad de los procesos organizativos que la hacen posible, lo cual se relaciona con su legalidad. Sin embargo, la legitimidad transita por un camino distinto: tiene más que ver con el reconocimiento público de un gobierno que tiene derecho a gobernar porque fue elegido de manera justa y respetando las reglas.

Si usamos el criterio cuantitativo como indicador de legitimidad, ¿qué ocurriría si el Poder Judicial resulta electo con una votación baja? ¿Será menos legítimo que otros poderes?

Desde hace algún tiempo, he estado proponiendo otros elementos para enriquecer nuestro concepto de legitimidad y, de paso, nuestra noción del éxito en un proceso electoral. Más allá de un criterio cuantitativo basado en el número de personas que acuden a votar, sugiero que prestemos atención a un criterio cualitativo: la comprensión que la ciudadanía tiene de lo que está votando.

Cuando escribí en este espacio sobre las complejidades de organizar la elección del Poder Judicial, advertí un riesgo importante: la ciudadanía necesita entender qué está votando, cuáles son los puestos en disputa, cuáles son sus responsabilidades y cómo estas se relacionan con su vida. He insistido en que, a partir de esa base de conocimiento, las personas pueden enfrentarse al feliz escenario de votar de manera informada.

¿Se imagina cuál sería la legitimidad de una decisión tomada sin comprender aquello que se está decidiendo?

Creo que esta elección presenta una oportunidad inesperada. Durante décadas, la ciudadanía se ha acostumbrado a votar por representantes del poder ejecutivo y legislativo, así como por gobiernos municipales. Aunque persiste cierto desconocimiento público sobre las funciones específicas de algunos puestos de elección popular, la mayoría cuenta con nociones básicas para tomar decisiones basadas en una idea general del gobierno deseado. Pero esta elección es distinta: no hay partidos ni campañas que construyan una narrativa sobre el funcionamiento del Poder Judicial.

Lo que tenemos son los esfuerzos de las autoridades electorales, limitados por recursos insuficientes; y lo que logren la opinión pública, la academia y la ciudadanía comprometida e informada —organizada o no—. A pesar de estas limitaciones, estamos ante una oportunidad única para que la ciudadanía comprenda al menos conocido de los poderes del Estado.

Más que preocuparse por los porcentajes de participación, hay que ocuparse de la comprensión pública de lo que se vota. El tiempo corre.

X. @marcoivanvargas