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Un jefe de área y dos agentes del Ministerio Público son señalados como probables responsables de delitos contra la administración pública cometidos por servidores públicos y presunta corrupción en virtud de que presuntamente aconsejaron a familiares de un presunto feminicida de no pagar los honorarios al abogado defensor, porque ellos “habían hecho todo el trabajo”.
En su denuncia, el abogado postulante manifestó que fue contratado por familiares de un individuo que era señalado como probable responsable del delito de feminicidio, en hechos ocurridos en un departamento que se ubica en la colonia Jardines del Estadio de esta ciudad a fines de julio del año 2018,
Indicó que en una entrevista con familiares del probable responsable del feminicidio se llegó al acuerdo del servicio que se iba a prestar y el pago por el mismo, incluso se les planteó la estrategia de defensa que se seguiría, con el fin de que la persona que se encontraba detenida lograra obtener su libertad en un breve tiempo, todo fue aceptado.
El abogado defensor manifestó que se realizaron diferentes audiencias ante el juez de control y ademas se llevaron a cabo varias pláticas con personal autorizado por la fiscalia todo con el fin de obtener la libertad del presunto feminicida.
Añadió que el cuatro de noviembre del año pasado y en procedimiento abreviado, se formuló la acusación por parte de la representación social ante el juez de control por el delito de homicidio en riña y dos días después previo el depósito de una cantidad como garantía, el individuo recobró su libertad.
Cuando el abogado requirió a su cliente y a sus familiares por el pago de sus honorarios, fue informado que el día 22 de noviembre del 2019 , las agentes del Ministerio Público, identificadas como Angélica y Aracely lo citaron en un café que se ubica en el barrio de Tequisquiapan para decirle que iban de parte de su director, para informarle que no era necesario que le pagaran los honorarios al abogado defensor porque “ellos habían hecho todo”.
El abogado litigante formuló la denuncia en contra de su cliente y en contra de los funcionarios públicos, para que se proceda en su contra por los delitos que se les llegue a configurar de los hechos narrados en su demanda, estableciendo que su cliente podría haber incurrido en el delito de fraude, en tanto que las agentes del Ministerio Público por delitos cometidos en contra la administración pública cometidos por servidores públicos
