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Funcionarios y regidores de Villa de Zaragoza entregaron en la Oficialía de Partes del Congreso estatal, una petición para que la Comisión de Justicia investigue y sancione a personal de la Auditoría Superior del Estado (ASE) que presuntamente ocultó o eliminó evidencia de observaciones realizadas en 2014 a Paloma Bravo García, en ese entonces coordinadora municipal de Desarrollo Social.
José Alberto Sánchez Flores, tesorero municipal aparentemente destituido por la ahora alcaldesa, explicó que el 30 de octubre de 2019 se solicitó a la ASE, mediante oficio, que proporcionara copia de los resultados de la auditoría practicada a Bravo García en 2014, así como de las observaciones y procedimientos legales derivados.
Sin embargo, la ASE, a través del área de Auditoría Especial de Asuntos Jurídicos, notificó a los interesados, con fecha 11 de noviembre de 2019 que “no obra en los archivos de esta Auditoría... expediente por el cual se haya dado inicio a algún procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de Paloma Bravo García, iniciado en su contra con motivo de la fiscalización de cuenta pública del ejercicio fiscal 2014”.
Ante esto, quienes acusan a la alcaldesa de malos manejos y buscan su salida de la Presidencia Municipal, se ocuparon de buscar los expedientes solicitados en el sitio web oficial de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (Cegaip) y en el del propio Congreso del Estado, hallando que sí existe el expediente que la ASE les negó.
Mencionaron que en las mismas ligas se puede hallar la inhabilitación emitida en contra de Bravo García en enero de 2016, por tres años, para ser funcionaria pública.
