Afiliación de Curiel Camargo es asunto administrativo: Guajardo

Rubén Guajardo Barrera, diputado y coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, admitió que desconoce por qué el partido, mantuvo como afiliada a Aida Curiel Camargo, una ciudadana que había renunciado formalmente desde 2022 y cuyo registro irregular, ya fue sancionado por el Instituto Nacional Electoral (INE). El legislador se limitó a señalar que se trata de un asunto administrativo interno de Acción Nacional.

Al ser cuestionado sobre el caso, Guajardo respondió que no tenía información sobre las razones de la demora y remitió a las áreas encargadas del padrón de militantes. "Es un acto administrativo del partido y lo tienen que ver directamente con el PAN; el partido tiene procedimientos en materia de filiación y las direcciones nacional y estatal deberán conocer del tema", declaró.

Como contexto, Curiel Camargo presentó su renuncia el 19 de julio de 2022 ante la Dirección de Afiliación panista. A pesar de ello, el Comité Directivo Estatal conservó su registro y sus datos personales hasta noviembre de 2023, casi 16 meses después. Tras una queja de la ciudadana, el INE analizó el expediente UT/SCG/Q/ACC/JD03/SLP/47/2024 y concluyó que esa permanencia vulneró su derecho de libre afiliación y le generó una afectación en el ámbito laboral, al aparecer públicamente vinculada a un partido del que ya no formaba parte.

La autoridad electoral determinó que la baja no fue omitida por un simple error burocrático, sino por una desatención reiterada a la voluntad expresa de la ciudadana. Por ello calificó la conducta como dolosa y de gravedad ordinaria, y ordenó una reducción del 0.06 por ciento del financiamiento público mensual del PAN. También instruyó al partido abrir una investigación interna para identificar a los responsables de no tramitar la renuncia en tiempo.

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La resolución volvió a colocar bajo escrutinio los mecanismos de afiliación de los partidos políticos en San Luis Potosí, donde se ha expuesto que estos casos revelan la fragilidad en la protección de datos personales y la falta de controles efectivos para garantizar que la militancia sea resultado de una decisión libre y actualizada, no de registros que se prolongan más allá de la voluntad ciudadana.