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Colectiva exige mantener Alerta de Violencia de Género

Afirman que la agresión feminicida no ha sido erradicada

Por Ana Paula Vázquez

Febrero 19, 2026 04:34 p.m.

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Colectiva exige mantener Alerta de Violencia de Género

Levantar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en San Luis Potosí sería un agravio para las mujeres y para las familias de víctimas de feminicidio cuyos casos continúan sin acceso pleno a la justicia, la verdad y la reparación integral, advirtió la colectiva "Por Ellas, Por Nosotras y Por Todas".

En un posicionamiento público, sostuvo que cancelar el mecanismo enviaría un mensaje político equivocado en un contexto donde —afirman— la violencia feminicida no ha sido erradicada.

El documento fue dirigido a autoridades de los tres órdenes de gobierno, entre ellas Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres del Gobierno federal; Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del estado; María Manuela García Cázares, fiscal general; y Enrique Francisco Galindo Ceballos, presidente municipal de la capital, así como a representantes del Poder Judicial y organismos autónomos.

La colectiva subrayó que la AVGM no es un listado de acciones administrativas para "palomear", sino un mecanismo para erradicar la violencia feminicida, la cual puede o no culminar en la muerte de una mujer.

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Las firmantes cuestionaron que el eventual levantamiento pueda sustentarse únicamente en cifras oficiales, en un escenario que califican de opacidad y falta de rigor metodológico en la clasificación de muertes violentas de mujeres.

También señalaron deficiencias en la transparencia de los protocolos de investigación con perspectiva de género y debida diligencia, lo que, advirtieron, pone en duda la consistencia de los datos y de las narrativas sobre una supuesta disminución de casos.

Antes de cancelar la AVGM, consideraron indispensable transparentar indicadores de impacto, fortalecer la coordinación entre estado y municipios, garantizar participación ciudadana efectiva, publicar informes con respaldo documental, asignar presupuestos con perspectiva de género y elaborar estudios actualizados sobre la violencia feminicida en los municipios involucrados.

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A casi nueve años de la declaratoria, afirmaron, el cumplimiento incipiente de actividades no puede asumirse como meta suficiente.

Finalmente, recordaron que la justicia y la reparación integral son condiciones indispensables y que el Estado debe garantizar investigaciones exhaustivas, sanciones a servidores públicos omisos y reconocimiento público de responsabilidad.

Mencionaron la sentencia de 2019 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de Karla Pontigo como precedente obligatorio.

Mientras no existan condiciones reales para una vida libre de violencia y reparación para las víctimas, concluyeron, la AVGM no puede ser levantada.