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Artículo 19, organización civil defensora de los derechos relacionados con el ejercicio del periodismo y la libre expresión demandó, en una publicación denominada “Libertad bajo ataque”, al Poder Judicial del Estado y en particular a jueces del ramo civil, garantías para el ejercicio del periodismo y la investigación, al considerar el uso inadecuado, desproporcionado e ilegítimo de las demandas para inhibir la libertad de expresión.
El pronunciamiento se da, a propósito de las demandas promovidas por los hermanos Manuel y Fernando Barrera Guillén en contra de esta casa editorial, que de acuerdo al organismo civil, evidencian la intención de inhibir el ejercicio del periodismo, para el caso del trabajo de actores con proyección pública, tales como candidatos, empresarios o los propios funcionarios públicos.
En su portal www.articulo19.org, precisó que la forma de operar de quienes demandan, incluye la solicitud de indemnizaciones millonarias y la intención de censurar la información sobre actos donde los servidores públicos se ven involucrados.
Para el caso particular de Pulso, refiere la demanda formulada por Fernando Barrera Guillén, a partir de la publicación de una denuncia de la alcaldía de Santa María del Río en contra de quien por entonces, era jefe de la Unidad de Información de la Auditoría Superior del Estado.
La otra es referente a la demanda promovida por el diputado Manuel Barrera Guillén en contra de esta casa editorial, relacionada con inmuebles adquiridos y la falta de la declaración 3 de 3.
Ambos demandantes piden en su argumentación garantías de no repetición, disculpa pública por parte del medio y la abstención de utilizar medios de comunicación “bajo el pretexto de libertad de expresión para obtener lucro o desprestigiar” a los involucrados; además de una indemnización por concepto de daño moral, y cada uno, diez millones de pesos de “daño moral indirecto”.
La organización civil externa su preocupación porque aún subsistan tipos penales como el delito de “halconeo”[1] o el de “ultrajes a la autoridad”[2] en la legislación penal de San Luis Potosí, mismos que pueden ser utilizados como forma de coartar la libre expresión en el Estado.
“Por lo anterior, esta organización hace un llamado al Poder Legislativo de dicha entidad, a derogar cualquier disposición normativa que no esté acorde a los estándares internacionales de protección y defensa de la Libre Expresión”.
El pronunciamiento se da, a propósito de las demandas promovidas por los hermanos Manuel y Fernando Barrera Guillén en contra de esta casa editorial, que de acuerdo al organismo civil, evidencian la intención de inhibir el ejercicio del periodismo, para el caso del trabajo de actores con proyección pública, tales como candidatos, empresarios o los propios funcionarios públicos.
En su portal www.articulo19.org, precisó que la forma de operar de quienes demandan, incluye la solicitud de indemnizaciones millonarias y la intención de censurar la información sobre actos donde los servidores públicos se ven involucrados.
Para el caso particular de Pulso, refiere la demanda formulada por Fernando Barrera Guillén, a partir de la publicación de una denuncia de la alcaldía de Santa María del Río en contra de quien por entonces, era jefe de la Unidad de Información de la Auditoría Superior del Estado.
La otra es referente a la demanda promovida por el diputado Manuel Barrera Guillén en contra de esta casa editorial, relacionada con inmuebles adquiridos y la falta de la declaración 3 de 3.
Ambos demandantes piden en su argumentación garantías de no repetición, disculpa pública por parte del medio y la abstención de utilizar medios de comunicación “bajo el pretexto de libertad de expresión para obtener lucro o desprestigiar” a los involucrados; además de una indemnización por concepto de daño moral, y cada uno, diez millones de pesos de “daño moral indirecto”.
La organización civil externa su preocupación porque aún subsistan tipos penales como el delito de “halconeo”[1] o el de “ultrajes a la autoridad”[2] en la legislación penal de San Luis Potosí, mismos que pueden ser utilizados como forma de coartar la libre expresión en el Estado.
“Por lo anterior, esta organización hace un llamado al Poder Legislativo de dicha entidad, a derogar cualquier disposición normativa que no esté acorde a los estándares internacionales de protección y defensa de la Libre Expresión”.
