Así se hundió Mónica Rangel

Un complejo acuerdo para simular la venta de decenas de tambos y cajas de insecticida contra el mosquito del dengue, sin que el producto fuera entregado; y el prosaico mecanismo de traslado de los millones de pesos en efectivo que se desviaron, fueron puntos clave que sirvieron para condenar a la exsecretaria de Salud, Mónica Rangel Martínez como culpable de un intento de apoderarse de más de 22 millones de pesos del erario.

Lo anterior quedó asentado en la versión pública de la sentencia decretada el 20 de mayo de este año por el juez de control Javier Pérez Contreras dentro de la causa penal RI/SLP/CP-211/2022, en la que, luego de un procedimiento abreviado, se encontró culpable a Mónica Rangel de los delitos de ejercicio abusivo de funciones y asociación delictuosa en su modalidad de pandillerismo, cuando fungía como secretaria de Salud.

Una copia de la versión pública, entregada por la Unidad de Transparencia del Poder Judicial, a través del oficio UT/409/2022, obra en poder de este diario.

En el documento, tanto el nombre de la sentenciada como de la parte ofendida están eliminados, pero es de dominio público que la primera es la exfuncionaria del pasado gobierno y la segunda, la Secretaría de Salud de la administración de Ricardo Gallardo Cardona. 

Asimismo, los nombres de los coacusados y de la empresa involucrada originalmente por la Fiscalía General del Estado no aparecen, pero los cargos públicos y profesionales mencionados permiten su identificación.

Conspiradores

En la parte inicial de la sentencia se define el hecho que motiva la acusación: se señala a la “extitular de los Servicios de Salud en el Estado” de reunirse a principios de diciembre de 2019 con el “exjefe del Departamento de Control de Enfermedades Transmisibles por Vector”, en referencia a Juan Francisco Martínez Perales; y con Jorge Fernando Lozano Morales, apoderado legal de la empresa Public Health Supply and Equipment de México SA de CV, proveedora regiomontana de sustancias y equipo médico de la SS. 

El motivo de la reunión era, de acuerdo con la sentencia, “para llevar a cabo la simulación de un procedimiento de compra de plaguicidas que les generara un lucro”.

Detalla que Rangel Martínez autorizó un contrato para la adjudicación directa de 102 tambos de plaguicidas clorpirifos y 202 cajas del insecticida Spinosad para el control del mosquito transmisor del dengue en la Huasteca.

La SS y la empresa firmaron el contrato el 17 de diciembre de 2019, que implicaba un pago de 22 millones 042 mil 365.23 pesos, que se realizó el 23 de diciembre de ese año a través de una transferencia de una cuenta bancaria de la persona moral.

La sentencia afirma que los involucrados “tenían conocimiento que no se surtirían los insumos, materia de contrato, pero sí que la moral reintegraría la cantidad pagada a la titular de los servicios de salud” y a otras dos personas cuyos nombres no aparecen, sin que se establezca que se trate de los otros exfuncionarios de la Secretaría de Salud.

Y en efecto, más adelante señala que el producto no fue recibido en el almacén de la Jurisdicción Sanitaria número V, con sede en Ciudad Valles. Como prueba, detalla las fotografías tomadas por agentes de la “Policía Ministerial” de los almacenes de todas las jurisdicciones sanitarias, que probaron que no se encontraban los insumos, que se supone se habían adquirido.

Sin lugar a dudas

La sentencia establece que, con este acto, los involucrados afectaron al erario estatal y además obtuvieron un beneficio, pues afirma que en enero de 2020. Los entonces servidores públicos se reunieron con el apoderado legal de la empresa “a efecto de que éste restituyera el dinero depositado a su representada”. En ese encuentro, agrega, Lozano Morales “entregó físicamente” la suma a una persona que no se identifica y éste, a su vez, lo pasó a los demás servidores públicos.    

Para Pérez Contreras, el juez de control, los elementos de los tipos penales por los cuales se acusó a Rangel Martínez, “se encuentran demostrados, más allá de cualquier duda razonable”.

Y es que, tras una detallada explicación de diversos movimientos de la transacción, el juzgador concluyó que el producto contratado por la SS jamás fue recibido, no obstante que sí se realizó el pago convenido.

Millones en cajas de huevo

Además de las pruebas documentales presentadas por la FGE, como el contrato, la factura y las transferencias bancarias, el juez de control consideró que el “interés delictivo” de los involucrados, “que en el particular lo es la obtención de un beneficio económico”, quedó probado con los testimonios recabados por la Dirección de Métodos de Investigación de la Fiscalía General del Estado de varios testigos de los hechos considerados delictivos.

Para el funcionario judicial, uno de los testimonios en particular, prueban “la obtención de un lucro económico”.

Este testigo, que no es identificado, aseguró haber asistido presencialmente en varias ocasiones al domicilio particular de la acusada, es decir, de Mónica Rangel y a la sede de la SS, y atestiguó “el acuerdo de voluntades” entre las partes y los servidores públicos para realizar el contrato de compra de insecticidas, siempre con el conocimiento de que no se entregarían.

El testigo indicó que también presenció cuando las partes se ponían de acuerdo para que la empresa restituyera posteriormente a los funcionarios el monto de la operación. 

Estos relatos, indicó el juez de control, probaban la comisión del delito de asociación delictuosa.

Pero este testigo no sólo presenció las reuniones en donde se planeó la simulación de la compra y la devolución del dinero a los funcionarios.

El juez de control establece que esta persona fue testigo presencial “en diversos momentos y diversas circunstancias” de cómo diversas personas, entre las que identificó específicamente “al esposo de la hoy acusada, como la persona que en el interior de aquellos lugares, en diversas ocasiones, portaba cajas de huevo… en las que él pudo advertir se encontraban las cantidades o diversas cantidades de numerario” que habían sido regresadas por el apoderado de la empresa beneficiada con el contrato.

Tampoco se establece si, ante este testimonio, alguna autoridad inició alguna acción legal contra este personaje.

  Acuerdo

Ante las evidencias documentales y los testimonios de testigos, y el hecho de que no fueron controvertidas por la defensa de la acusada, el juez de control consideró pertinente emitir un fallo de condena

La sentencia evidencia que hubo un ofrecimiento de la FGE y una aceptación de la acusada de una sanción privativa de libertad de 4 años y 10 meses.

Este lapso permitió a la defensa de Rangel Martínez solicitar el acceso al beneficio de la suspensión condicional de la pena de prisión.

El juez de control consideró que se cumplían los requisitos legales para conceder ese beneficio, además de que no hubo oposición de la FGE a tal medida. 

Evitar casi cinco años de cárcel le costó a Mónica Rangel 83 mil 637.50 pesos, divididos en 20 mil de una garantía económica y una sanción de 63 mil 367.50 pesos.

Además, se le impusieron varias restricciones, como vivir en el domicilio particular que señaló previamente, no ausentarse de él sin autorización judicial, ni salir del país. Si fuera “necesario e indispensable” se obligaba a solicitar antes una autorización judicial.

Durante el juicio, la exfuncionaria estatal interrumpió su encarcelamiento en el Centro de Reinserción Social número 1 para atender el cáncer de mama que sufría. El juez indicó que podría, previa notificación, solicitar salir del reclusorio para atenderse, dependiendo de la determinación judicial.  

Una vez pagada las cantidades impuestas, expresó el juez, podría concedérsele “la inmediata y absoluta libertad”, aunque aclara que “únicamente por lo que está causa penal se refiere”.

En sus resolutivos, Pérez Contreras determinó la demostración “más allá de cualquier duda razonable”, que Mónica Rangel incurrió en ejercicio abusivo de funciones y asociación delictuosa.

También se le informa del periodo de su condena, los 4 años y 10 meses, además del pago de la multa económica.

La sentencia también revela un dato inédito: a Mónica Rangel se le suspendieron sus derechos políticos y civiles por el mismo lapso de la condena.   

En esos mismos resolutivos se establece también que se le concede el beneficio de la suspensión condicional de la pena de prisión.

Dinero devuelto

Sobre el destino de los 22 millones de pesos que la exfuncionaria y sus coacusados desviaron del erario, es hasta el resolutivo segundo cuando se habla del asunto.

En ese punto se señala que a Mónica Rangel también se le condenó a la reparación del daño por ese mismo monto.

Sin embargo, el juez señala que en esa misma audiencia “se ha puesto de relieve y se ha informado que la misma ya fue cubierta”. 

La sentencia no da ningún dato sobre el modo y los tiempos en los que la exsecretaria de Salud retornó al estado 22 millones de pesos.