Advierten "crisis ambiental silenciosa" por pérdida de áreas verdes en SLP
Colectivo señala que amparo en Puerta de Piedra pone bajo revisión venta de predios
Foto: Pulso
El asesor técnico del Colectivo Bosque Urbano Puerta de Piedra, Iván Rodríguez, advirtió que el amparo promovido contra la subasta del predio municipal en el fraccionamiento podría impactar no sólo el caso de Puerta de Piedra, sino también otros terrenos incluidos en el paquete de 18 predios, si el juez determina que existen condiciones similares de afectación.
El recurso fue interpuesto el 13 de marzo como un mecanismo ciudadano para frenar la desincorporación de bienes de dominio público que el Ayuntamiento busca vender para financiar obra pública. Tras una revisión, el juez aceptó el amparo el 10 de abril y ordenó suspender el proceso de subasta.
Rodríguez explicó que esta suspensión impide continuar con la venta de los predios mientras se analiza si se vulneran derechos de la ciudadanía, particularmente el acceso a un medio ambiente sano. La medida se mantendrá al menos hasta el 8 de mayo, cuando se realice la audiencia constitucional en la que se definirá si hubo afectaciones al patrimonio colectivo. Aunque el proceso administrativo avanzó, las ventas aún no se han concretado.
El asesor señaló que, aunque el amparo se centra en Puerta de Piedra, se impugnó el proceso completo, por lo que el alcance dependerá de la resolución judicial. Entre los argumentos, destacó que la venta de áreas verdes contraviene derechos constitucionales y que la autonomía municipal no puede estar por encima de los derechos humanos, como lo establece la Constitución.
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También advirtió que la urbanización de estas áreas generaría impactos como sobrepoblación, presión hídrica, falta de servicios y pérdida de espacios que permiten la recarga de acuíferos.
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En su posicionamiento, el Colectivo Bosque Urbano Puerta de Piedra advirtió que San Luis Potosí enfrenta una "crisis ambiental silenciosa" provocada por la pérdida sistemática de áreas verdes durante al menos 15 años, derivada señalan de la falta de vigilancia y el abandono de terrenos destinados al uso comunitario.
De acuerdo con el colectivo, estas áreas son dejadas en deterioro hasta perder valor y posteriormente vendidas con el argumento de financiar obra pública, una práctica que ha reducido la disponibilidad de espacios verdes en la ciudad. El colectivo sostuvo que su defensa legal busca proteger zonas que por ley deben garantizar equilibrio ecológico y bienestar social, y acusó omisiones de autoridades y órganos de control.
Aunque aclararon que no están en contra del desarrollo urbano, cuestionaron que se financie a costa del patrimonio ambiental y llamaron a replantear el modelo de crecimiento. Como parte de su estrategia, convocaron a la ciudadanía a participar en una jornada de reforestación el 2 de mayo en Puerta de Piedra.
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