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Cinco funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF) en San Luis Potosí acomodaron a 21 familiares suyos en puestos en el Noveno Circuito, reveló Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en la investigación “Los virreinatos del Poder Judicial”.
Existe un grupo de funcionarios que ha aprovechado sus conexiones en el Poder Judicial Federal para acomodar a su parentela, expone la ONG.
La investigación, realizada entre marzo de 2018 y junio de 2019, da seguimiento a la contratación de hasta 36 familiares de funcionarios judiciales federales adscritos a San Luis Potosí, Jalisco, Querétaro y Baja California.
El caso más notorio de nepotismo es el de José Manuel Quistián Espiricueta, exmagistrado del Tribunal Colegiado en materia penal del Noveno Circuito, del que MCCI encontró indicios de que 12 de sus parientes trabajan en distintas dependencias del PJF en San Luis.
Quistián Espiricueta colocó a un hijo, tres hermanos, tres cuñados, tres primos y dos sobrinos.
Este funcionario ya había sido denunciado en 2008 por nepotismo, pero, de acuerdo a la organización, no se hallaron indicios de sanciones de esa ocasión.
MCCI también detectó al magistrado del Primer Tribunal Colegiado, Enrique Alberto Durán Martínez, con una hija y dos sobrinas laborando en los tribunales.
Al magistrado del Tribunal Colegiado en Materia Laboral, Carlos Luis Chowell Cepeda, se le detectaron dos hijos en posiciones judiciales del Noveno Circuito.
En el mismo caso están el magistrado Héctor Viñas Pineda y la jueza Laura Coria Martínez, con dos hijos cada uno, acomodados en cargos del PJF.
