Corrupción en SL, creciente e impune

Para los potosinos, la corrupción es el segundo problema más grave del estado, sólo por debajo de la inseguridad, pero la mayoría considera que el estado no cuenta con las instituciones ni las leyes adecuadas para combatirla, señala un sondeo realizado por el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

Así lo apuntan datos de la Encuesta Estatal de Percepción de la Corrupción 2021, incluida por el SEA en el documento “Política Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí”, publicado en el Periódico Oficial del Estado el viernes pasado. La encuesta es una herramienta para un diagnóstico de la corrupción en el estado elaborado por el SEA.

Arroja que para el 82 por ciento de los potosinos, la corrupción es el principal problema de la entidad. 

Ocuparía el segundo lugar, después de la inseguridad, que es vista como el problema principal del estado por el 87 por ciento de los potosinos.

Luego siguen el narcotráfico, en un lejano tercer lugar, con el 39 por ciento de las menciones, el desempleo, que sumó 38 por ciento y la pobreza, con el 35%.

Por otra parte, la encuesta detectó que una mayoría de 88.9 por ciento ve a la corrupción como un problema creciente en los últimos años, aunque poco más de la tercera parte de los sondeados, el 35.2 por ciento, se considera víctima de la corrupción.

Pero mientras que la encuesta indica que la corrupción es vista por la ciudadanía como un problema grave y creciente, también refleja la desconfianza en que estos actos sean castigados.

El 82.6 por ciento de las respuestas sobre las causas de la corrupción están relacionadas a la falta de sanciones, precisamente.

Otro 75 por ciento considera que el estado potosino no cuenta ni con la estructura institucional y normativa para combatirla y para el 46.6 por ciento, las sanciones establecidas actualmente a los delitos relacionados con la corrupción son insuficientes.

El SEA concluye que es impostergable emprender las acciones necesarias para cambiar la tendencia al alza de la desconfianza, pues esta afecta la cultura de la denuncia de posibles hechos de corrupción.