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Como “estrategia”, grupos criminales buscan menores de edad para aprovechar los derechos humanos que goza ese sector social ante la ley penal, advirtió Alejandro Ernesto Vázquez Martínez, académico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).
Adujo que si el estado garantizara los derechos mínimos como educación, salud, vivienda o empleo habría jóvenes que no se accederían a dichas dinámicas violentas. “Tenemos décadas de olvido para los jóvenes de la república”, expresó.
Participante en el Foro “Seguridad pública gestión de conflicto y capacidades justicia Institucionales: El caso de la Guardia Nacional”, realizado en la Facultad de Derecho de la UASLP, Vázquez Martínez explicó que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en su artículo 122 sobre las reglas para la imposición del internamiento preventivo, establece: “A ninguna persona adolescente menor de catorce años le podrá ser impuesta la medida cautelar de prisión preventiva”.
Asimismo, “a las personas adolescentes mayores de catorce años, les será impuesta la medida cautelar de internamiento preventivo, de manera excepcional y sólo por los delitos que ameriten medida de sanción de internamiento de conformidad con lo dispuesto en esta Ley…”
A su vez, el artículo 145, relacionado sobre las reglas para la determinación de medidas de sanción, indica que: “la duración máxima del internamiento podrá ser de hasta cinco años en los casos de homicidio calificado, violación tumultuaria, en los casos de secuestro; hechos señalados como delitos en materia de trata de personas y delincuencia organizada”.
