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Laudo sospechoso
La opción más cara
De entre las más bizarras situaciones que ha presentado la actual Legislatura, ayer se destapó una que es superlativa: un empleado demanda en 2010 al Legislativo por despido injustificado. En la presunta tardanza con la que esta y la anterior Legislatura manejaron el caso, gana. Y bastante bien, pues a la fecha, el laudo al que tiene derecho asciende ya a casi los dos millones de pesos.
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Como se mencionaba ayer en este espacio, el afortunado empleado es parte del círculo del diputado con licencia del PVEM, Manuel Barrera Guillén, uno de los nombrados integrantes de la Ecuación Corrupta y que montó en la Auditoría Superior del Estado una productiva red de influencias.
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Pero lo más sorprendente es que el empleado inconforme que llevó ya al Congreso contra la pared, sigue trabajando en el Legislativo.
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¿Cuándo fue recontratado? ¿Quién lo autorizó? ¿Nadie sabía que había terminado de mal talante con el Congreso, al grado de litigar contra él? ¿Recibió “una mano” dentro del Legislativo para lograr derrotarlo en los tribunales laborales?
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Con estos legisladores, aunque algunas de las pasadas preguntas suenen descabelladas, es necesario hacerlas.
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La convocatoria para la licitación LO-924016999-E2-2018 del contrato para reconstruir el Hospital Central señalaba en su punto 2.2 que la inversión autorizada a licitar era de 228.2 millones de pesos, más IVA.
Sin embargo, la resolución del concurso de contratación acabó por un monto de 643.1 millones de pesos, a lo que habrá que agregarle el IVA.
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Es una de las varias interrogantes que surgen tras analizarse la documentación relativa al fallo de la licitación, que acabó entregando el contrato a una empresa que se quedó sin competencia.
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El hecho de desechar las propuestas en los procesos de licitación es una situación prevista en la Ley, pero a últimas fechas, ha sido criticada por el gremio constructor por ser usado en licitaciones municipales y estatales para cubrir las obligaciones legales, al mismo tiempo en que se controla el destino del contrato.
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La Secretaría de Salud deberá justificar esta situación, así como también qué cubrirá el contrato y por qué sobrevivió la opción más onerosa.
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La reconstrucción del Hospital Central es una necesidad imperante, pero lo es también la transparencia en el manejo de los recursos para lograrlo.
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¡HASTA MAÑANA!
La opción más cara
De entre las más bizarras situaciones que ha presentado la actual Legislatura, ayer se destapó una que es superlativa: un empleado demanda en 2010 al Legislativo por despido injustificado. En la presunta tardanza con la que esta y la anterior Legislatura manejaron el caso, gana. Y bastante bien, pues a la fecha, el laudo al que tiene derecho asciende ya a casi los dos millones de pesos.
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Como se mencionaba ayer en este espacio, el afortunado empleado es parte del círculo del diputado con licencia del PVEM, Manuel Barrera Guillén, uno de los nombrados integrantes de la Ecuación Corrupta y que montó en la Auditoría Superior del Estado una productiva red de influencias.
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Pero lo más sorprendente es que el empleado inconforme que llevó ya al Congreso contra la pared, sigue trabajando en el Legislativo.
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¿Cuándo fue recontratado? ¿Quién lo autorizó? ¿Nadie sabía que había terminado de mal talante con el Congreso, al grado de litigar contra él? ¿Recibió “una mano” dentro del Legislativo para lograr derrotarlo en los tribunales laborales?
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Con estos legisladores, aunque algunas de las pasadas preguntas suenen descabelladas, es necesario hacerlas.
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La convocatoria para la licitación LO-924016999-E2-2018 del contrato para reconstruir el Hospital Central señalaba en su punto 2.2 que la inversión autorizada a licitar era de 228.2 millones de pesos, más IVA.
Sin embargo, la resolución del concurso de contratación acabó por un monto de 643.1 millones de pesos, a lo que habrá que agregarle el IVA.
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Es una de las varias interrogantes que surgen tras analizarse la documentación relativa al fallo de la licitación, que acabó entregando el contrato a una empresa que se quedó sin competencia.
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El hecho de desechar las propuestas en los procesos de licitación es una situación prevista en la Ley, pero a últimas fechas, ha sido criticada por el gremio constructor por ser usado en licitaciones municipales y estatales para cubrir las obligaciones legales, al mismo tiempo en que se controla el destino del contrato.
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La Secretaría de Salud deberá justificar esta situación, así como también qué cubrirá el contrato y por qué sobrevivió la opción más onerosa.
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La reconstrucción del Hospital Central es una necesidad imperante, pero lo es también la transparencia en el manejo de los recursos para lograrlo.
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¡HASTA MAÑANA!
