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Curules vacías
Diputados presionados
Este junio sumarían tres meses en que igual número de curules legislativas federales que le corresponden a San Luis Potosí están desiertas.
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Quién sabe qué utilidad tendría que los asientos estuviesen ocupados, pero no deja de ser una situación irregular, sobre todo porque cuatro de los siete diputados suplentes, que han sustituido a los titulares que andan en campaña, sí asumieron los cargos.
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Los tres diputados que no han podido asumir sus cargos no son los únicos. Una decena de ellos, de otras entidades del país, tampoco han asumido sus cargos.
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Hay versiones de que en uno de los casos potosinos, la ausencia del relevo se debe a un desencuentro entre la dupla legislativa, que podría llegar incluso a la ruptura.
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En todo caso, no sólo en el Congreso potosino se da la surreal situación de los curules vacíos. Recuérdese que sólo hay en activo 26 legisladores, debido a que Óscar Bautista y su suplente están en campaña.
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En San Lázaro también se dan estos extraños episodios.
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El Congreso del Estado tramitó, con un año y dos meses de retraso, una iniciativa presentada por el abogado José Mario de la Garza para erradicar cualquier pago extraordinario a los legisladores locales, distinto al de la dieta legalmente reconocida.
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Pero con los diputados potosinos no hay esperanzas de juego limpio. La iniciativa se aprobó, sí, pero con modificaciones que parecen cambiar la intención y no aplicarán para ellos.
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La redacción original de la modificación del artículo 19 de la Ley Orgánica del Congreso establecía que “en el caso de los diputados, queda prohibido recibir bonos, sobresueldos, apoyos o cualquier tipo de partida adicional a su dieta por el ejercicio de su función como representantes populares”.
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La redacción final moldeada por los diputados, que será presentada en la sesión de mañana, establece que “en el caso de los diputados, queda prohibido asignar cualquier tipo de partida adicional a su dieta y prestaciones económicas que por el ejercicio de su función les corresponde”.
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Sutilmente, excluyen la referencia específica de bonos y apoyos para dejar sólo “cualquier tipo de partida adicional”, dejando viva la posibilidad de bonos.
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Y como el ahorro debe hacerse en todos lados menos en su gestión, el Congreso estableció que la desaparición de cualquier ingreso extra se diera a partir del 1de enero de 2019, ya cuando la mayoría de los actuales diputados no estén en el Congreso. No le pierden, como quiera que sea.
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Por cierto, algunos diputados reaccionaron muy mal ante una experiencia que debe ser nueva y extraña: ser fiscalizados.
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La semana pasada, algunos legisladores se quejaron de una “caza de brujas” luego de que algunos presuntos beneficiarios de apoyos de la polémica partida de gestoría institucional les reportaron que alguien estaba preguntándoles si era o no cierto que habían recibido tales apoyos.
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Montaron en cólera y apuntaron hacia la Auditoría Superior del Estado, a la que atacaron a través de los voceros oficiosos que nunca faltan. Quedron muy mal cuando la ASE les informó que no habían sido ellos.
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Ahora, hasta una demanda penal proyectan en contra de quienes, presuntamente, usurparon funciones.
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Lo que es la falta de costumbre.
Diputados presionados
Este junio sumarían tres meses en que igual número de curules legislativas federales que le corresponden a San Luis Potosí están desiertas.
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Quién sabe qué utilidad tendría que los asientos estuviesen ocupados, pero no deja de ser una situación irregular, sobre todo porque cuatro de los siete diputados suplentes, que han sustituido a los titulares que andan en campaña, sí asumieron los cargos.
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Los tres diputados que no han podido asumir sus cargos no son los únicos. Una decena de ellos, de otras entidades del país, tampoco han asumido sus cargos.
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Hay versiones de que en uno de los casos potosinos, la ausencia del relevo se debe a un desencuentro entre la dupla legislativa, que podría llegar incluso a la ruptura.
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En todo caso, no sólo en el Congreso potosino se da la surreal situación de los curules vacíos. Recuérdese que sólo hay en activo 26 legisladores, debido a que Óscar Bautista y su suplente están en campaña.
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En San Lázaro también se dan estos extraños episodios.
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El Congreso del Estado tramitó, con un año y dos meses de retraso, una iniciativa presentada por el abogado José Mario de la Garza para erradicar cualquier pago extraordinario a los legisladores locales, distinto al de la dieta legalmente reconocida.
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Pero con los diputados potosinos no hay esperanzas de juego limpio. La iniciativa se aprobó, sí, pero con modificaciones que parecen cambiar la intención y no aplicarán para ellos.
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La redacción original de la modificación del artículo 19 de la Ley Orgánica del Congreso establecía que “en el caso de los diputados, queda prohibido recibir bonos, sobresueldos, apoyos o cualquier tipo de partida adicional a su dieta por el ejercicio de su función como representantes populares”.
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La redacción final moldeada por los diputados, que será presentada en la sesión de mañana, establece que “en el caso de los diputados, queda prohibido asignar cualquier tipo de partida adicional a su dieta y prestaciones económicas que por el ejercicio de su función les corresponde”.
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Sutilmente, excluyen la referencia específica de bonos y apoyos para dejar sólo “cualquier tipo de partida adicional”, dejando viva la posibilidad de bonos.
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Y como el ahorro debe hacerse en todos lados menos en su gestión, el Congreso estableció que la desaparición de cualquier ingreso extra se diera a partir del 1de enero de 2019, ya cuando la mayoría de los actuales diputados no estén en el Congreso. No le pierden, como quiera que sea.
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Por cierto, algunos diputados reaccionaron muy mal ante una experiencia que debe ser nueva y extraña: ser fiscalizados.
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La semana pasada, algunos legisladores se quejaron de una “caza de brujas” luego de que algunos presuntos beneficiarios de apoyos de la polémica partida de gestoría institucional les reportaron que alguien estaba preguntándoles si era o no cierto que habían recibido tales apoyos.
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Montaron en cólera y apuntaron hacia la Auditoría Superior del Estado, a la que atacaron a través de los voceros oficiosos que nunca faltan. Quedron muy mal cuando la ASE les informó que no habían sido ellos.
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Ahora, hasta una demanda penal proyectan en contra de quienes, presuntamente, usurparon funciones.
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Lo que es la falta de costumbre.
