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Tope salarial Alcaldía: doble discurso
La decisión del próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de imponer un tope definido en materia de ingresos de servidores públicos, supondrá una revolución en materia de control de ingresos de los funcionarios.
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De concretarse, entrañará el primer control real y efectivo de los sueldos y prestaciones que ofrecen las dependencias gubernamentales a sus trabajadores, sobre todo a los de nivel superior.
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La cuestión es simple en San Luis Potosí: pese al discurso de casi todas las instancias gubernamentales, pero principalmente del Ejecutivo, sobre austeridad y reducción salarial, en la entidad, los funcionarios prácticamente ganan lo que quieren.
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Ejemplo de ello son los directores y rectores de instituciones de educación pública en la entidad. Seis de ellos ganan actualmente más de lo que será el próximo tope salarial para todos los funcionarios públicos del país.
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¿Qué criterios se siguieron para definir los ingresos de estos rectores y directores? ¿Quién decidió que la titular de la Universidad Intercultural, una institución pensada para los estudiantes de los sectores menos favorecidos de la sociedad potosina, sea una de las funcionarias mejor pagadas de toda la entidad? ¿Cuál es la normatividad que rige estas decisiones?
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Al parecer, no existe. Ese es el problema de los salarios de la alta burocracia potosina. Y no sólo ocurre en las instituciones educativas. Los diputados, los magistrados, los alcaldes y los responsables de los organismos autónomos y descentralizados también se aprovechan de esta anarquía.
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Si AMLO va a en serio, desde arriba impondrá un tope salarial que no permita excesos y pague lo justo a los servidores públicos. Tendrá que ser una decisión externa la que ponga orden en este aspecto.
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La CMIC debería tomar nota de las contradicciones que se generaron en el ayuntamiento capitalino en torno a su actuar tras el fallo de la Secretaría de la Función Pública que derribó la licitación de la obra de Fray Diego de la Magdalena.
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Como primera reacción, Isabel Vargas, titular de Obras Públicas, anunció que la alcaldía capitalina acatará el fallo “en tiempo y forma”.
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Ayer, el alcalde Ricardo Gallardo Juárez mostró una postura muy lejana a la aceptación y, alegando la existencia de un amparo, dijo que debería esperarse a la decisión de un tribunal federal antes de reponer el proceso.
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Luego, lanzó una diatriba contra la CMIC, dejando ver el enojo que le causó que la cámara de constructores doblegara el opaco proceso de entrega directa del contrato de la obra.
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Habrá que ver que el ayuntamiento de la capital cumpla con lo que estableció la SFP, sin realizar maniobras legaloides para evitarlo.
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¡HASTA MAÑANA!
La decisión del próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de imponer un tope definido en materia de ingresos de servidores públicos, supondrá una revolución en materia de control de ingresos de los funcionarios.
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De concretarse, entrañará el primer control real y efectivo de los sueldos y prestaciones que ofrecen las dependencias gubernamentales a sus trabajadores, sobre todo a los de nivel superior.
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La cuestión es simple en San Luis Potosí: pese al discurso de casi todas las instancias gubernamentales, pero principalmente del Ejecutivo, sobre austeridad y reducción salarial, en la entidad, los funcionarios prácticamente ganan lo que quieren.
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Ejemplo de ello son los directores y rectores de instituciones de educación pública en la entidad. Seis de ellos ganan actualmente más de lo que será el próximo tope salarial para todos los funcionarios públicos del país.
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¿Qué criterios se siguieron para definir los ingresos de estos rectores y directores? ¿Quién decidió que la titular de la Universidad Intercultural, una institución pensada para los estudiantes de los sectores menos favorecidos de la sociedad potosina, sea una de las funcionarias mejor pagadas de toda la entidad? ¿Cuál es la normatividad que rige estas decisiones?
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Al parecer, no existe. Ese es el problema de los salarios de la alta burocracia potosina. Y no sólo ocurre en las instituciones educativas. Los diputados, los magistrados, los alcaldes y los responsables de los organismos autónomos y descentralizados también se aprovechan de esta anarquía.
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Si AMLO va a en serio, desde arriba impondrá un tope salarial que no permita excesos y pague lo justo a los servidores públicos. Tendrá que ser una decisión externa la que ponga orden en este aspecto.
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La CMIC debería tomar nota de las contradicciones que se generaron en el ayuntamiento capitalino en torno a su actuar tras el fallo de la Secretaría de la Función Pública que derribó la licitación de la obra de Fray Diego de la Magdalena.
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Como primera reacción, Isabel Vargas, titular de Obras Públicas, anunció que la alcaldía capitalina acatará el fallo “en tiempo y forma”.
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Ayer, el alcalde Ricardo Gallardo Juárez mostró una postura muy lejana a la aceptación y, alegando la existencia de un amparo, dijo que debería esperarse a la decisión de un tribunal federal antes de reponer el proceso.
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Luego, lanzó una diatriba contra la CMIC, dejando ver el enojo que le causó que la cámara de constructores doblegara el opaco proceso de entrega directa del contrato de la obra.
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Habrá que ver que el ayuntamiento de la capital cumpla con lo que estableció la SFP, sin realizar maniobras legaloides para evitarlo.
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¡HASTA MAÑANA!
