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Una compra peculiar ¿Fracking privado?
Cualquier compra que implique 4 millones de pesos pagados de contado llama la atención. Más si se trata de un funcionario público. Y el interés se incrementa si los ingresos que reporta públicamente el comprador no parecen suficientes para cubrirlo.
Es el caso de Hugo Ulises Valencia Gordillo, subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno.
El funcionario reportó el año pasado la compra de una vivienda con un valor de 4 millones de pesos La operación fue en una sola exhibición, según la declaración patrimonial que presentó a la Contraloría General del Estado, que así lo expone en la versión pública del documento, que es desplegado en su página web.
Los ingresos reportados por el funcionario, de manera confusa ha de decirse, no cubren la compra, ni aun sumando el ingreso de su pareja, también funcionaria pública y quien aparece como cotitular del inmueble adquirido aquí.
De Valencia Gordillo, se sabe que hizo carrera en la Ciudad de México, donde, además de cargos públicos, laboraba en una consultoría de corte laboral. Es probable que los recursos para la compra del inmueble salieran de esa u otra actividad laboral del funcionario o de su pareja.
El caso es que en las declaraciones, tal situación no aparece reportada ante la Contraloría General del Estado, lo que genera la suspicacia.
En el asunto del presunto fracking en la Huasteca potosina, la inconformidad ya llegó a la capital, en forma de una marcha que recorrió algunas calles del Centro Histórico.
El asunto provocó un nuevo desmentido del gobernador Juan Manuel Carreras López, quien otra vez aseguró que representantes de la Secretaría de Energía y de Petróleos Mexicanos reiteraron que no tienen intención de realizar ese tipo de prácticas en suelo estatal.
Y podrían estar diciendo la verdad, pues ambas dependencias federales estarían hablando de lo que corresponde a las intenciones gubernamentales.
Hay indicios, sin embargo, que dejan a las versiones oficiales tambaleándose. Están los permisos de explosivos otorgados por la Secretaría de la Defensa Nacional y también la comunicación de una empresa especializada en detonaciones subterráneas Schlumberger Offshore Services NV, a diversas alcaldías huastecas en las que se presentaba como una “operadora en materia de hidrocarburos”, para pedir “anuencia” sobre sus operaciones.
Paradójicamente, señalan que no tienen instalaciones petroleras en los municipios, pero señalan que son proveedoras de tecnología especializada, basada en explosivos, para detonar material pétreo de gran dureza en zonas profundas para “empresas petroleras que se encuentran trabajando previamente en el sitio”.
Lo que describe esta empresa es fracking y da a entender que hay empresas que ya trabajan en ello en la zona.
Es posible, entones que ni Pemex ni la Sener proyecten esta práctica en la zona. Pero ¿qué hay de las empresas privadas que han adquirido derechos de explotación de hidrocarburos? Esa es la duda que no se ha disipado.
¡HASTA MAÑANA!
Cualquier compra que implique 4 millones de pesos pagados de contado llama la atención. Más si se trata de un funcionario público. Y el interés se incrementa si los ingresos que reporta públicamente el comprador no parecen suficientes para cubrirlo.
Es el caso de Hugo Ulises Valencia Gordillo, subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno.
El funcionario reportó el año pasado la compra de una vivienda con un valor de 4 millones de pesos La operación fue en una sola exhibición, según la declaración patrimonial que presentó a la Contraloría General del Estado, que así lo expone en la versión pública del documento, que es desplegado en su página web.
Los ingresos reportados por el funcionario, de manera confusa ha de decirse, no cubren la compra, ni aun sumando el ingreso de su pareja, también funcionaria pública y quien aparece como cotitular del inmueble adquirido aquí.
De Valencia Gordillo, se sabe que hizo carrera en la Ciudad de México, donde, además de cargos públicos, laboraba en una consultoría de corte laboral. Es probable que los recursos para la compra del inmueble salieran de esa u otra actividad laboral del funcionario o de su pareja.
El caso es que en las declaraciones, tal situación no aparece reportada ante la Contraloría General del Estado, lo que genera la suspicacia.
En el asunto del presunto fracking en la Huasteca potosina, la inconformidad ya llegó a la capital, en forma de una marcha que recorrió algunas calles del Centro Histórico.
El asunto provocó un nuevo desmentido del gobernador Juan Manuel Carreras López, quien otra vez aseguró que representantes de la Secretaría de Energía y de Petróleos Mexicanos reiteraron que no tienen intención de realizar ese tipo de prácticas en suelo estatal.
Y podrían estar diciendo la verdad, pues ambas dependencias federales estarían hablando de lo que corresponde a las intenciones gubernamentales.
Hay indicios, sin embargo, que dejan a las versiones oficiales tambaleándose. Están los permisos de explosivos otorgados por la Secretaría de la Defensa Nacional y también la comunicación de una empresa especializada en detonaciones subterráneas Schlumberger Offshore Services NV, a diversas alcaldías huastecas en las que se presentaba como una “operadora en materia de hidrocarburos”, para pedir “anuencia” sobre sus operaciones.
Paradójicamente, señalan que no tienen instalaciones petroleras en los municipios, pero señalan que son proveedoras de tecnología especializada, basada en explosivos, para detonar material pétreo de gran dureza en zonas profundas para “empresas petroleras que se encuentran trabajando previamente en el sitio”.
Lo que describe esta empresa es fracking y da a entender que hay empresas que ya trabajan en ello en la zona.
Es posible, entones que ni Pemex ni la Sener proyecten esta práctica en la zona. Pero ¿qué hay de las empresas privadas que han adquirido derechos de explotación de hidrocarburos? Esa es la duda que no se ha disipado.
¡HASTA MAÑANA!
