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A ver cómo explica el ayuntamiento capitalino el grave caso de falsificación de firma que revela el fallo de un tribunal federal del ámbito laboral, y que involucra al segundo síndico Ángel Contreras Carrizales.
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No sólo porque la falsificación de la firma del funcionario en un trámite de amparo fue la causa directa de que la alcaldía quedara imposibilitada de defenderse ante un laudo que obliga al ayuntamiento a pagar un cuarto de millón de pesos a una ex empleada.
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Sino también porque el propio ayuntamiento reforzó la falsificación al presentar un supuesto estudio grafoscópico que avalaba la autenticidad de la firma. Es decir, firmaron en falso y quisieron hacer parecer esa firma como verdadera.
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¿Así maneja sus litigios esta administración?
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Ya en la agonía de su trienio, el alcalde Ricardo Gallardo Juárez hizo de su último informe un muro de lamentos.
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A poco más de dos meses de la elección, el alcalde explicó el fracaso de su reelección, pretextó una campaña mediática adversa que sembró encono y hasta acusó de parcialidad al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
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Hacer estas afirmaciones ahora, ya de salida, y no cuando los tiempos legales estaban vigentes, refleja que o no había pruebas o lo de ayer fue un mero desahogo.
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A finales de la pasada Legislatura, reporteros de Pulso cubrieron, por primera vez en muchos años, las sesiones de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
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La Ley Orgánica del Congreso del Estado marca que sólo en las sesiones en las que se trataran asuntos relativos a procedimientos de responsabilidades de servidores públicos tienen un carácter privado. No hay, entonces, una razón para que la Jucopo celebrara sus sesiones de manera privada. Así se les hizo saber a los ahora ex legisladores y se ejerció ese derecho a la transparencia.
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La nueva diputación, por desgracia, prefirió la opacidad y se negó a hacer pública la primera sesión de la Jucopo.
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Esta decisión pone en entredicho la afirmación de que esta nueva Legislatura pretende diferenciarse de sus muy cuestionados antecesores.
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El cáncer del linchamiento ya no es ajeno a San Luis. Antier, un hombre casi pierde la vida en Cactus, tras ser golpeado salvajemente por una turba que lo sorprendió robando, supuestamente.
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Antes, se registraron algunos casos de presuntos delincuentes que acabaron amarrados, sin que la cosa pasara a mayores.
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El abuso de la turba es, por supuesto, el detonador de estas conductas. Pero lo es también la impunidad que propician las autoridades que no cumplen con su trabajo.
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De acuerdo a la Encuesta de Victimización y Percepción de la Inseguridad del Inegi ofrece una dolorosa ventana a esta realidad.
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En 2017, el Inegi registró 599 mil 101 delitos. La cifra negra en el estado, es decir, los delitos no denunciados, equivalió al 93.1%.
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Es decir, apenas el 6.9 por ciento de los crímenes fue denunciado. Pero eso no es todo. De ese porcentaje, que equivale a 41 mil 337 casos, casi el 40% no tuvo una apertura de averiguación previa. Al final, sólo 25 mil 174 delitos llegan hasta el límite de la averiguación previa. De un total de 600 mil crímenes.
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Ahí puede ubicarse una de las causas por las que la ciudadanía opta por la justicia por propia mano.
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No sólo porque la falsificación de la firma del funcionario en un trámite de amparo fue la causa directa de que la alcaldía quedara imposibilitada de defenderse ante un laudo que obliga al ayuntamiento a pagar un cuarto de millón de pesos a una ex empleada.
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Sino también porque el propio ayuntamiento reforzó la falsificación al presentar un supuesto estudio grafoscópico que avalaba la autenticidad de la firma. Es decir, firmaron en falso y quisieron hacer parecer esa firma como verdadera.
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¿Así maneja sus litigios esta administración?
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Ya en la agonía de su trienio, el alcalde Ricardo Gallardo Juárez hizo de su último informe un muro de lamentos.
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A poco más de dos meses de la elección, el alcalde explicó el fracaso de su reelección, pretextó una campaña mediática adversa que sembró encono y hasta acusó de parcialidad al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
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Hacer estas afirmaciones ahora, ya de salida, y no cuando los tiempos legales estaban vigentes, refleja que o no había pruebas o lo de ayer fue un mero desahogo.
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A finales de la pasada Legislatura, reporteros de Pulso cubrieron, por primera vez en muchos años, las sesiones de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
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La Ley Orgánica del Congreso del Estado marca que sólo en las sesiones en las que se trataran asuntos relativos a procedimientos de responsabilidades de servidores públicos tienen un carácter privado. No hay, entonces, una razón para que la Jucopo celebrara sus sesiones de manera privada. Así se les hizo saber a los ahora ex legisladores y se ejerció ese derecho a la transparencia.
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La nueva diputación, por desgracia, prefirió la opacidad y se negó a hacer pública la primera sesión de la Jucopo.
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Esta decisión pone en entredicho la afirmación de que esta nueva Legislatura pretende diferenciarse de sus muy cuestionados antecesores.
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El cáncer del linchamiento ya no es ajeno a San Luis. Antier, un hombre casi pierde la vida en Cactus, tras ser golpeado salvajemente por una turba que lo sorprendió robando, supuestamente.
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Antes, se registraron algunos casos de presuntos delincuentes que acabaron amarrados, sin que la cosa pasara a mayores.
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El abuso de la turba es, por supuesto, el detonador de estas conductas. Pero lo es también la impunidad que propician las autoridades que no cumplen con su trabajo.
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De acuerdo a la Encuesta de Victimización y Percepción de la Inseguridad del Inegi ofrece una dolorosa ventana a esta realidad.
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En 2017, el Inegi registró 599 mil 101 delitos. La cifra negra en el estado, es decir, los delitos no denunciados, equivalió al 93.1%.
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Es decir, apenas el 6.9 por ciento de los crímenes fue denunciado. Pero eso no es todo. De ese porcentaje, que equivale a 41 mil 337 casos, casi el 40% no tuvo una apertura de averiguación previa. Al final, sólo 25 mil 174 delitos llegan hasta el límite de la averiguación previa. De un total de 600 mil crímenes.
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Ahí puede ubicarse una de las causas por las que la ciudadanía opta por la justicia por propia mano.
