Demanda en Congreso tiene 3 años sin avance
Una denuncia presentada por la organización Ciudadanos Observando contra el presunto pago ilegal de la anterior Legislatura a dos asesores, cumple tres años sin aparentes avances por parte del propio Congreso y la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Se trata de los contratos otorgados al ya fallecido Enrique González Sierra y a Guillermo Balderas Reyes como asesores de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura, que según la organización, les otorgaban, de manera injustificada e ilegal, pagos de 68 mil pesos mensuales.
La denuncia se presentó el 5 de julio pasado y quedó registrada bajo el expediente CDI/FGE/D01/20579/19.
Ciudadanos Observando argumentó que los contratos originales, que databan de enero de 2019, les otorgaba ingresos a ambos asesores de 40 mil pesos mensuales, sin embargo, los mismos datos del Congreso mostraban pagos de 68 mil 156.36 pesos mensuales.
El organismo alegó que no existía documentación que definiera qué tipo de contratación se hizo y no indicaba el periodo de contratación.
A más de tres años cumplidos de la presentación de la demanda, la Organización señala que no ha habido ningún avance en l
a demanda.
Una señal de la lentitud del proceso es que, también con una demora de tres años, el Congreso del Estado aceptó entregar una copia del contrato de Balderas Reyes, y esto sólo tras la orden de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), que resolvió un recurso presentado por la organización ante la omisión de respuesta.
La solicitud fue realizada el 11 de julio de 2019 y requirió un proceso de inconformidad que concluyó el 9 de agosto pasado, cuando fue entregado el documento.
El contrato aparece firmado por la entonces presidenta de la mesa directiva Sonia Mendoza, lo cual resulta notorio porque en 2019, la ahora diputada federal por el PVEM y el entonces presidente de la Jucopo, Edson Quintanar, sobre quién había autorizado los contratos.
Ambos funcionarios se achacaban mutuamente la responsabilidad.
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