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Una reforma al Código Penal que aplicará con penas de 40 a 60 años de prisión y sanción pecuniaria de 2 mil y hasta 5 mil unidades de medida y actualización, forma parte apenas del primer paso para desburocratizar la sanción a quienes incurran en el delito de feminicidio, es decir el homicidio de una mujer con la variante del odio o acciones de discriminación de género.
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La sesión del Congreso del Estado de este jueves, es apenas el principio del cumplimiento de una demanda social largamente esperada, puesto que debe incluir a aquellos servidores públicos que retrasan la justicia en cualesquiera de sus facetas y materias. Por lo pronto, ya empezaron con el retraso doloso de la investigación y la procuración e impartición de justicia en el caso de servidores públicos.
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Sin embargo, para este último caso, el de los servidores públicos, pareciera ser que carecen de dientes los superiores de quienes retrasan la investigación del delito o en su caso imparten justicia de diversas materias. Cuentan con herramientas de ley pero no en todos los casos pueden con sus subordinados, quienes pueden incurrir con facilidad en la tranza o dilación de la justicia, y hasta los conservan en su cargo.
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La investigación del delito no es cosa de juego ni trabajo que debe quedar en manos de inexpertos. La justicia de ninguna manera debe sujetarse a regateos de plazas de trabajo, como ocurre con las cuotas que pagan los partidos políticos a personas que participaron en alguna campaña electoral o eran demasiado buenos para lustrar los zapatos de los candidatos a cargos de elección popular.
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Tan poco vigilada es la impartición de justicia, que parece mentira que en la era de la supercarretera de la información, un magistrado de Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito pueda hacer y deshacer con la dilación en la impartición de justicia. Abogados deben esperar sentados a que acuerde asuntos de obvia resolución. Como este caso, abundan en la materia penal, civil, mercantil, de lo familiar e incluso de lo fiscal y lo laboral, y a la larga lista podremos agregarle incluso el derecho internacional, en tiempos de relaciones complicadas con Estados Unidos.
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El caso de la falta de transparencia y el exceso de tiempo en la impartición de justicia, pudiera quedar resuelto con rapidez en el caso principal que nos ocupa, es decir el de los delitos cometidos por odio de género. La medida aprobada por el poder legislativo sin duda representa un avance, pero es insuficiente si se considera que la justicia imperfecta se encuentra técnicamente en todas las materias.
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Si no difundía las deudas de “la gallardía” y sus veladores en la alcaldía de Soledad o de la capital con el Gobierno del Estado, el señor José Luis Ugalde Montes menos transparentaría lo que al propio gobierno estatal se refiere. El “perdón fiscal” para el pago del Impuesto Sobre Erogaciones por remuneraciones al Trabajo Personal, de ninguna manera es un asunto reservado. Parece mentira que mejor la alcaldía de Xavier Nava Palacios se adelantó a difundir cuánto dinero dejo de pagar Ricardo Gallardo a otras instancias. De la transparencia de las finanzas estatales hay poco que contar.
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Es poco el tiempo de estancia de la nueva Legislatura para juzgar su desempeño, pero si sus trabajadores y diputados gastarán 3 millones 661 mil 402 pesos con 50 centavos concepto de aguinaldo, entonces es una cantidad nada despreciable por sólo 3 meses de trabajo.
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¡¡HASTA MAÑANA!!
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La sesión del Congreso del Estado de este jueves, es apenas el principio del cumplimiento de una demanda social largamente esperada, puesto que debe incluir a aquellos servidores públicos que retrasan la justicia en cualesquiera de sus facetas y materias. Por lo pronto, ya empezaron con el retraso doloso de la investigación y la procuración e impartición de justicia en el caso de servidores públicos.
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Sin embargo, para este último caso, el de los servidores públicos, pareciera ser que carecen de dientes los superiores de quienes retrasan la investigación del delito o en su caso imparten justicia de diversas materias. Cuentan con herramientas de ley pero no en todos los casos pueden con sus subordinados, quienes pueden incurrir con facilidad en la tranza o dilación de la justicia, y hasta los conservan en su cargo.
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La investigación del delito no es cosa de juego ni trabajo que debe quedar en manos de inexpertos. La justicia de ninguna manera debe sujetarse a regateos de plazas de trabajo, como ocurre con las cuotas que pagan los partidos políticos a personas que participaron en alguna campaña electoral o eran demasiado buenos para lustrar los zapatos de los candidatos a cargos de elección popular.
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Tan poco vigilada es la impartición de justicia, que parece mentira que en la era de la supercarretera de la información, un magistrado de Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito pueda hacer y deshacer con la dilación en la impartición de justicia. Abogados deben esperar sentados a que acuerde asuntos de obvia resolución. Como este caso, abundan en la materia penal, civil, mercantil, de lo familiar e incluso de lo fiscal y lo laboral, y a la larga lista podremos agregarle incluso el derecho internacional, en tiempos de relaciones complicadas con Estados Unidos.
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El caso de la falta de transparencia y el exceso de tiempo en la impartición de justicia, pudiera quedar resuelto con rapidez en el caso principal que nos ocupa, es decir el de los delitos cometidos por odio de género. La medida aprobada por el poder legislativo sin duda representa un avance, pero es insuficiente si se considera que la justicia imperfecta se encuentra técnicamente en todas las materias.
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Si no difundía las deudas de “la gallardía” y sus veladores en la alcaldía de Soledad o de la capital con el Gobierno del Estado, el señor José Luis Ugalde Montes menos transparentaría lo que al propio gobierno estatal se refiere. El “perdón fiscal” para el pago del Impuesto Sobre Erogaciones por remuneraciones al Trabajo Personal, de ninguna manera es un asunto reservado. Parece mentira que mejor la alcaldía de Xavier Nava Palacios se adelantó a difundir cuánto dinero dejo de pagar Ricardo Gallardo a otras instancias. De la transparencia de las finanzas estatales hay poco que contar.
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Es poco el tiempo de estancia de la nueva Legislatura para juzgar su desempeño, pero si sus trabajadores y diputados gastarán 3 millones 661 mil 402 pesos con 50 centavos concepto de aguinaldo, entonces es una cantidad nada despreciable por sólo 3 meses de trabajo.
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¡¡HASTA MAÑANA!!
