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La lucha contra la corrupción en San Luis Potosí tiene un gran obstáculo que casi ha anulado del todo la impartición de justicia a los que han manejado irregularmente los recursos públicos.
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En la entidad, los casos de corrupción se empantanan en los anaqueles de las instancias presuntamente encargadas de perseguirlos, mientras que los sospechosos, no sólo por impresiones vagas, sino por indicios bastantes sólidos, tienen la mayor oportunidad de repetir las fechorías y de seguir medrando del erario público.
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Es el caso del clan Barrera, que ha hecho del Partido Verde Ecologista de México algo más que una productiva franquicia, sino una plataforma desde la cual lanzarse a otras oportunidades de medrar más.
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No obstante las irregularidades detectadas por los integrantes de ese clan político, el PVEM y ahora, la alcaldía de Matehuala, se han vuelto los nuevos cotos desde los cuales tienen no sólo ingresos, sino también la oportunidad de ampliar las ganancias recabadas.
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Y mientras, las investigaciones por las trapacerías cometidas en la Auditoría Superior del Estado y en otras instancias públicas por las que han pasado están congeladas en la Fiscalía.
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Hablando de impunidad, ¿por qué la Contraloría General del Estado no ha publicado la lista de funcionarios sancionados por irregularidades en el último año y medio?
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La última publicación al respecto data de julio de 2017. Sería remoto que en todo ese lapso, no se haya registrado ningún caso sancionable.
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El gobierno municipal de Xavier Nava enfrentó sus primeros escándalos cuando se descubrió la asignación de contratos para servicios y obras de manera directa, sin que se realizara un concurso mercantil.
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Precisamente de esa sospechosa práctica se le hicieron múltiples señalamientos a su antecesor, Ricardo Gallardo Juárez, cuyo gobierno casi no concursó sus contratos.
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El más sonado de esos casos fue el de la adquisición de medicinas que benefició con millones de pesos a una pequeña farmacia, propiedad de la ahora ya famosa Sandra Sánchez Ruiz.
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Pues parece que Xavier Nava no quiere correr riesgos y ya publicó la convocatoria para la licitación pública nacional del abastecimiento de medicinas generales, de alta especialidad, estupefacientes, psicotrópicos, oncológicos controlados y material de curación.
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El piso del presupuesto para esta compra es de 30 millones de pesos, y el máximo, de 35 millones.
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Habrá que ver si en esta ocasión, el concurso escapa de la controversia.
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¡HASTA MAÑANA!
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En la entidad, los casos de corrupción se empantanan en los anaqueles de las instancias presuntamente encargadas de perseguirlos, mientras que los sospechosos, no sólo por impresiones vagas, sino por indicios bastantes sólidos, tienen la mayor oportunidad de repetir las fechorías y de seguir medrando del erario público.
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Es el caso del clan Barrera, que ha hecho del Partido Verde Ecologista de México algo más que una productiva franquicia, sino una plataforma desde la cual lanzarse a otras oportunidades de medrar más.
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No obstante las irregularidades detectadas por los integrantes de ese clan político, el PVEM y ahora, la alcaldía de Matehuala, se han vuelto los nuevos cotos desde los cuales tienen no sólo ingresos, sino también la oportunidad de ampliar las ganancias recabadas.
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Y mientras, las investigaciones por las trapacerías cometidas en la Auditoría Superior del Estado y en otras instancias públicas por las que han pasado están congeladas en la Fiscalía.
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Hablando de impunidad, ¿por qué la Contraloría General del Estado no ha publicado la lista de funcionarios sancionados por irregularidades en el último año y medio?
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La última publicación al respecto data de julio de 2017. Sería remoto que en todo ese lapso, no se haya registrado ningún caso sancionable.
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El gobierno municipal de Xavier Nava enfrentó sus primeros escándalos cuando se descubrió la asignación de contratos para servicios y obras de manera directa, sin que se realizara un concurso mercantil.
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Precisamente de esa sospechosa práctica se le hicieron múltiples señalamientos a su antecesor, Ricardo Gallardo Juárez, cuyo gobierno casi no concursó sus contratos.
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El más sonado de esos casos fue el de la adquisición de medicinas que benefició con millones de pesos a una pequeña farmacia, propiedad de la ahora ya famosa Sandra Sánchez Ruiz.
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Pues parece que Xavier Nava no quiere correr riesgos y ya publicó la convocatoria para la licitación pública nacional del abastecimiento de medicinas generales, de alta especialidad, estupefacientes, psicotrópicos, oncológicos controlados y material de curación.
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El piso del presupuesto para esta compra es de 30 millones de pesos, y el máximo, de 35 millones.
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Habrá que ver si en esta ocasión, el concurso escapa de la controversia.
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¡HASTA MAÑANA!
