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Las omisiones que vienen desde el diseño legislativo y las interpretaciones equivocadas de los consejeros ciudadanos han provocado una confusión que tiene al Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) como “el único que no está funcionando bien”, dijo el presidente del Sistema Nacional Anticorrupción, José Octavio López Presa.
En entrevista, el funcionario indicó que al diseñar la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado y su normatividad relacionada, el Congreso complicó innecesariamente el SEA.
“No quiero especular si los diputados locales potosinos tuvieron una gran inventiva para establecer cosas mejores”, señaló, “pero no han resultado mejores. Han resultado muy malas, y han provocado que sea el único sistema que no funciona”.
Adicionalmente, al sistema también lo han afectado las interpretaciones legales encontradas entre los integrantes del Comité de Participación Ciudadano (CPC) del SEA, propiciadas por esta legislación confusa, que van en contra de las acciones tomadas por los otros sistemas estatales. También reconoce que los desacuerdos al interior del CPC han contribuido a las fallas del SEA.
“Hay desavenencia entre ellos”, indicó, “porque como las reglas no son muy claras, hay interpretaciones distintas entre ellos y ha creado un cierto desorden y discordia, provocadas por las confusiones de la Ley”.
Entre las fallas más relevantes de la legislación, explicó, está el nombramiento de dos tipos de consejeros ciudadanos, numerarios y supernumerarios, así como falta de claridad en la asignación de facultades, duración del cargo y mecanismos de sustitución.
El otro error, consideró el titular del SNA, es dejar a los consejeros sin remuneración. “Desde mi perspectiva es un error. Tienen necesidades y tiene un costo. Eso, el legislador local no lo previó y es un error. Se tiene que corregir”, dijo López Presa.
López Presa indicó que no es necesario reiniciar el sistema desde cero, pero sí se deben aclarar ciertas cosas y corregir otras.
el entrevistado conminó a realizar estas acciones, pues sí no se hacen, consideró, “la lectura que se va a dar es que en San Luis no se quiere que funcione el CPC”.
