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Diferentes autoridades estatales y municipales cometieron irregularidades en la atención a ocho residentes de la comunidad Noria de San José el 14 y 23 de junio de 2016; el director jurídico de la CEEAV se hizo pasar por actuario judicial y representante legal de una empresa en conflicto con los habitantes, reveló la Recomendación No. 07/2018 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
La semana pasada residentes de la comunidad protestaron en la CEDH, para exigir al ombudsman local Jorge Andrés López Espinosa emitir la recomendación; el funcionario prometió que esta semana la emitiría.
Según la investigación del organismo autónomo local radicada en el expediente de queja 1VQU-0505/2016, el 14 de junio de 2016 personal de una empresa -American Industries- acudió con un actuario judicial -que también era funcionario de la CEEAV- para demoler el restaurante de una de las víctimas.
El propietario del inmueble solicitó la orden judicial, sin embargo no se la mostraron. Ante ello, llamó a la DGSPM pero le dijeron que por ser un litigio entre particulares no podían intervenir.
Posterior a ello, el dueño y otra persona llamaron a la SSPE, institución que envió elementos policiacos, pero cuando los ciudadanos se opusieron a la demolición, personal de la compañía los golpeó sin que los gendarmes hicieran algo para evitarlo.
Tras los sucesos, los afectados presentaron denuncias antes la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por los hechos donde se vieron afectados, pero todavía no les han notificado sobre los avances; en inició la CEEAV les comunicaba, pero después ya no fue así, según los denunciantes.
“Se encontraron elementos suficientes que permiten acreditar que en el presente caso se vulneraron los derechos humanos a la integridad, seguridad personal, legalidad y seguridad jurídica que se cometieron en agravio de ocho víctimas”, asentó la CEDH.
El señalamiento fue dirigido a Jorge Vega Arroyo, titular de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV); Federico Arturo Garza Herrera, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE); Jaime Ernesto Pineda Arteaga, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE); y Saúl Francisco García Rodríguez, encargado de despacho de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal (DGSPM) capitalina.
La CEDH recomendó a Vega Arroyo colaborar en la investigación en contra el entonces director jurídico, inscribir a los ocho afectados en el Registro Estatal de Víctimas y asesorarlos en las capetas de investigación; a Garza Herrera, integrar debidamente tres averiguaciones previas y siete carpetas de investigación e investigar a los Agentes del Ministerio Público a cargo de dichos casos.
A Pineda Arteaga: si una autoridad solicita servicio para resguardo de alguna diligencia, debe ser con un oficio fundado y motivado de autoridad competente, y concluir los Procedimientos Administrativos de Responsabilidad contra los policías inmiscuidos, y a García Rodríguez, concluir los Procedimientos Administrativos de Responsabilidad contra los policías inmiscuidos.
