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Por realizar una inadecuada investigación de un hombre asesinado en 2015, consistente en un dictamen de necropsia erróneo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 55/2019 a Federico Arturo Garza Herrera, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Por ese asunto, la CNDH también recomendó a Carlos Zamarripa Aguirre, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato y Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
Según la información reducida en el expediente de queja CNDH/1/2015/7914/Q, el 20 de septiembre de 2015, una mujer denunció la desaparición de su esposo ante el agente del Ministerio Público de Irapuato, Guanajuato, iniciándose una carpeta de investigación.
Fue al día siguiente, que el agente del Ministerio Público en el municipio de Villa de Reyes, tomó conocimiento del hallazgo de un cadáver de un hombre, localizado cerca de la comunidad “Las Rusias”, en el tramo carretero Villa de Reyes-San Felipe, Guanajuato.
De acuerdo con el dictamen médico de necropsia de 21 de septiembre de 2015, realizado por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el varón murió por un “conjunto de traumatismos por mecanismos contuso, secundarios a acción de arrastramiento y arrancamiento”.
Tras pasar más de varios meses sin identificar el cuerpo, la esposa reconoció a su cónyuge, por lo cual, el 8 de abril de 2016, el Agente Ministerio Público declinó su competencia por razón de territorio para seguir conociendo de la Averiguación Previa, en favor de la entonces Procuraduría General de Justicia de Guanajuato.
Para la opinión técnica en medicina de la CNDH, el informe de necropsia: “No cuenta con elementos técnico médicos necesarios que permitan otorgar veracidad al dictamen, (…) derivado del inadecuado análisis y correlación de los hallazgos necroquirúrgicos las conclusiones no son objetivas ni comprobables como lo establece la lex artis de la medicina legal y forense”.
Por lo anterior, recomendó a Garza Herrera: Inscribir a cinco afectados –familiares del occiso- en el Registro Estatal de Víctimas; iniciar procedimiento de investigación administrativa a los funcionarios inmiscuidos; diseñar y aplicar un curso de capacitación al personal médico forense sobre la elaboración de dictámenes de necropsia; y designar a una funcionaria para dar seguimiento al cumplimiento de la Recomendación.
