Emite la CNDH recomendación a la UASLP por violación de derechos humanos

Por el incumplimiento de dos puntos recomendatorios exhortaron por la CEDH en el caso de Emma Elisa Menchaca de la Rosa, exprofesora de la Facultad de Derecho, víctima de abuso sexual, la CNDH emitió la Recomendación No.160/2022 a Alejandro Javier Zermeño Guerra, rector de la UASLP.

En los casi 100 años de existencia de la entidad académica, es la primera vez que la casa de estudios recibe una documentación por violación de derechos humanos.

Aunque este medio tuvo acceso al documenro, el mismo no aparece en la página web de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pese a que fue notificada a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) el 25 de acosto pasado, es decir, hace casi tres meses.

De acuerdo con el expediente CNDH/2/2022/52/ARI, el 20 de octubre del 2021 Menchaca de la Rosa fue víctima de abuso sexual de José Antonio N., chófer de José  Abraham Oliva Muñoz, entonces director de dicha Facultad.

Dentro de la investigación, adujo que la UASLP incumplió el razonamientos de la CEDH, al desatender la investigación administrativa en contra de diversos funcionarios universitarios y porque no se han restituido las actividades que venía desempeñando la exprofesora, actualmente nombrada asistente de funcionario.

Robusteció que después del hecho victimizante, la catedrática se vio afectada al impartir clase de Ética, Sociedad y Profesión y Modelos de Pensamiento Criminológico en la Facultad de Derecho y dejar de coordinar el Congreso CEEAD-UASLP 2020, lo cual debe ser repaado, enfatizó.

Reconoció que la Universidad ha realizado medidas de rehabilitación y pagos relacionados con la violencia de derechos humanos, las cuales deben considerarse en el cumplimiento de los puntos recomendatorios.

Así, la CNDH presentó una denuncia administrativa ante la Contraloría General del Estado en contra de 11 funcionarios de la UASLP, entre ellos Zermeño Guerra, Manuel Fermín Villar Rubio,  exrector de la UASLP; Urenda Queletzú Navarro Sánchez, defensora de Derechos Universitarios; y Martín Joel González de Anda, abogado general.

En la Recomendación, exhorta a: en coordinarse con la CEEAV para reparar de forma integral el daño; colaborar con la Contraloría General del Estado en el citada denuncia; y cumplir la Recomendación 7/2020 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.