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Dos jueces de distrito consideraron que no hubo legalidad en los permisos para el proyecto de confinamiento de residuos tóxicos en el municipio de Santo Domingo, informó Guillermo Luévano Bustamante, coordinador de la Clínica de Litigio Estratégico de la UASLP.
La empresa Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula (CITSU) pretendía establecer el referido complejo de desechos desde hace años, ante la creciente industria en diferentes entidades del país.
El académico del Posgrado de la Facultad de Derecho, expuso que ante los resolutivos de los juzgadores del segundo y cuarto de Distrito, la compañía presentó un recurso, sin embargo, confió en que no será procedente.
“Se trataba de un megaproyecto de dimensiones colosales que pretendía ejecutar en el Altiplano con efectos altamente desastrosos y contaminantes. Jurídicamente, son sentencias de jueces de distrito, dos distintos que coinciden en los mismos aspectos”, declaró.
De acuerdo con el jurisconsulto de la UASLP, los juzgados encontraron en sus sentencias, anomalías e irregularidades administrativas, tanto en la licencia de cambio de uso de suelo como en el trámite administrativo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Rememoró que existe una denuncia en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por falsificación de firmas de permisos, que en su momento otorgó el Ayuntamiento de San Domingo en la administración 2009-2012.
“Confirman que el proyecto del confinamiento industrial es ilegal. Lo relevante de estas dos sentencias, es que apelan a un principio que en materia ambiental es fundamental, que es el principio precautorio”, concluyó el investigador universitario.
La empresa Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula (CITSU) pretendía establecer el referido complejo de desechos desde hace años, ante la creciente industria en diferentes entidades del país.
El académico del Posgrado de la Facultad de Derecho, expuso que ante los resolutivos de los juzgadores del segundo y cuarto de Distrito, la compañía presentó un recurso, sin embargo, confió en que no será procedente.
“Se trataba de un megaproyecto de dimensiones colosales que pretendía ejecutar en el Altiplano con efectos altamente desastrosos y contaminantes. Jurídicamente, son sentencias de jueces de distrito, dos distintos que coinciden en los mismos aspectos”, declaró.
De acuerdo con el jurisconsulto de la UASLP, los juzgados encontraron en sus sentencias, anomalías e irregularidades administrativas, tanto en la licencia de cambio de uso de suelo como en el trámite administrativo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Rememoró que existe una denuncia en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por falsificación de firmas de permisos, que en su momento otorgó el Ayuntamiento de San Domingo en la administración 2009-2012.
“Confirman que el proyecto del confinamiento industrial es ilegal. Lo relevante de estas dos sentencias, es que apelan a un principio que en materia ambiental es fundamental, que es el principio precautorio”, concluyó el investigador universitario.
