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Algunos defensores de derechos humanos de la entidad, pertenecientes a organizaciones civiles, enfrentan amenazas, incluso de muerte en algunos casos, aseguró el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Hugo Ulises Valencia Gordillo, quien agregó que hay funcionarios públicos involucrados.
El funcionario informó en entrevista que las investigaciones llevan un protocolo similar a las agresiones recientes a periodistas, también sujetos al protocolo de protección.
Valencia Gordillo señaló que todos aquellos Defensores de Derechos Humanos que pertenecen a organizaciones civiles y han presentado denuncias en ese sentido aseguran que recibieron amenazas de privación de la vida y todas ellas provienen de funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno.
Explicó que estas amenazas tanto de privación de la vida como de alguna agresión están directamente relacionadas con el ejercicio de su profesión y en, la mayor parte de los casos, son funcionarios identificados.
El funcionario comentó que por lo general “hay carpetas de investigación abiertas que deben ser llevadas de forma de investigación criminal” porque el caso de amenazas como tal por sí sólo es parte de los delitos clasificados como tales y que deben ser investigados hasta deslindar responsabilidades.
Informó que en tanto hay medidas cautelares que incluyen protocolos de protección a los defensores de Derechos Humanos de las diversas organizaciones civiles que manifiestan haber recibido amenazas de servidores públicos.
Los casos de denuncias de defensores de Derechos Humanos se encuentran en el esquema de protección federal como medida cautelar principal.
El funcionario informó en entrevista que las investigaciones llevan un protocolo similar a las agresiones recientes a periodistas, también sujetos al protocolo de protección.
Valencia Gordillo señaló que todos aquellos Defensores de Derechos Humanos que pertenecen a organizaciones civiles y han presentado denuncias en ese sentido aseguran que recibieron amenazas de privación de la vida y todas ellas provienen de funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno.
Explicó que estas amenazas tanto de privación de la vida como de alguna agresión están directamente relacionadas con el ejercicio de su profesión y en, la mayor parte de los casos, son funcionarios identificados.
El funcionario comentó que por lo general “hay carpetas de investigación abiertas que deben ser llevadas de forma de investigación criminal” porque el caso de amenazas como tal por sí sólo es parte de los delitos clasificados como tales y que deben ser investigados hasta deslindar responsabilidades.
Informó que en tanto hay medidas cautelares que incluyen protocolos de protección a los defensores de Derechos Humanos de las diversas organizaciones civiles que manifiestan haber recibido amenazas de servidores públicos.
Los casos de denuncias de defensores de Derechos Humanos se encuentran en el esquema de protección federal como medida cautelar principal.
