Incumple la CEEAV protección a víctimas
La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de San Luis Potosí incumplió con su obligación de brindar protección a familiares de un joven asesinado que denunciaron acoso y amenazas del presunto homicida, determinó en una recomendación la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La CNDH emitió la Recomendación 23/2022 al encargado del despacho de la (CEEAV-SLP), Miguel Ángel García Amaro, por las omisiones para proporcionar protección, auxilio y reubicar a una persona en un domicilio distinto, ante las amenazas relacionadas con el homicidio de su familiar.
La víctima solicitó apoyo para alojarse en otro inmueble de manera temporal, ya que el presunto responsable del homicidio de su hijo vivía cerca de su domicilio y sufría constantes amenazas
El tema se publicó en diversos medios de comunicación de la Ciudad de México por la manifestación realizada por una persona frente Palacio Nacional, quien solicitaba apoyo para que se detuviera a los responsables de la muerte de su hijo, ocurrida en marzo de 2019 en San Luis Potosí.
En septiembre de 2020, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recibió una queja relacionada con este caso en la cual la víctima denunciaba que la CEEAV-SLP había sido omisa en proporcionarle a ella y a sus familiares medidas de alojamiento en un domicilio distinto al que habitaba, toda vez que uno de los presuntos responsables del homicidio de su hijo vive cerca del inmueble y constantemente había recibido agresiones por parte de los familiares de aquél, poniéndola en riesgo permanente, ante lo cual la CNDH determinó atraer la investigación del caso.
La CNDH comprobó que la CEEAV incumplió con su obligación legal de prestar protección y auxilio a las víctimas, quienes, al vivir cerca del presunto responsable del homicidio, se encontraban experimentando un estado de estrés y ansiedad constante; esto a pesar de que el Código Nacional de Procedimientos Penales dispone el derecho de las víctimas a que se preserve su integridad.
Ante las evidencias obtenidas, la CNDH contó con elementos para acreditar violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad, atribuibles a servidores públicos de esa Comisión, por lo que solicita trasladar a las víctimas del caso a un alojamiento temporal donde no tengan contacto con la familia del presunto responsable.
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