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Los esfuerzos institucionales para atender la violencia emergente contra las mujeres como el feminicidio y la violación, han sido insuficientes y no han sido los idóneos porque se concretaron en una especie de “cumplimiento administrativo”, analizó Urenda Navarro Sánchez, investigadora en derechos humanos de la Facultad de Derecho de la UASLP.
La semana pasada, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), revelaron que en el primer mes de 2019, San Luis Potosí registró tres feminicidios y 30 denuncias de violación sexual.
Para la académica, el “cumplimiento administrativo” consiste en la creación de alguna dependencia, cuyo funcionamiento de la misma y otras instancias, no ha favorecido para decrecer y atender la violencia a nivel estructural y emergente.
Adujo que la persistencia de ese tipo de conductas violentas hacia dicho sector de la población no solo son las reportadas de forma oficial, pues van implícitas y acompañadas de violencia intrafamiliar y lesiones.
De acuerdo con la abogada, las acciones para la combatir la violencia a las potosinas no están articuladas en términos de la realidad, es decir, no es tan pensadas en cómo establecer una estrategia.
“La respuesta evidentemente estatal, ha sido insuficiente. Se ha traducido en sentar bases de actuación institucional que no se materializan en términos de que no llegan a la vida de las mujeres”, concluyó Navarro Sánchez.
