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La Auditoría Superior del Estado (ASE) autorizó la revisión de las operaciones realizadas por cuatro dependencias del Ejecutivo, por el Congreso y por seis ayuntamientos con siete empresas y dos particulares sospechosos de emitir facturas “fantasma”.
Lo anterior consta en el oficio ASE-DT-0710/2019, mediante el cual la titular de la dependencia, Rocío Cervantes Salgado, instruye a la titular de la Auditoría Especial de Fiscalización de los Poderes y Organismos Autónomos, Isabel Chiu Toledo, a que investigue la gestión financiera de hechos denunciados por el Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) y Ciudadanos Observando,
El periodo de la indagatoria abarca los ejercicios fiscales de 2015, 2016 y 2017 e incluye toda la pasada Legislatura, que utilizó a varias empresas para facturar presuntas compras de productos y servicios entregadas a falsos beneficiarios de la desaparecida partida de Gestoría Institucional.
Del Poder Ejecutivo, son señaladas cuatro dependencias: la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), el Hospital Central, el Instituto Potosino del Deporte y la Comisión Estatal del Agua.
Además, seis ayuntamientos también serán investigados. En la lista están los gobiernos de las pasadas administraciones municipales de la capital, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, San Martín Chalchicuautla, Villa de Ramos y Coxcatlán.
Las empresas sospechosas de haber incurrido en “presuntas faltas administrativas” son Grupo Gahe de SLP SA de CV, Asesores y Consultores Potosinos Especializados Muna SC, Comercializadora Ismalog SA de CV, Sistema de Comercialización Nava SA de CV, Servicios Globalizados Ogac SA de CV, Consultoría de Excelencia Empresarial Perrier SC, Sistema Comercial 377 SA de CV, además de los proveedores particulares Claudia Lara Sánchez y Martín Fermín Nava Castillo.
La denuncia fue presentada por el FCA y Ciudadanos Observando en 2018.
