Jueza congela pago al ejido La Libertad

Pese a que el Juzgado Octavo de Distrito había anunciado a la alcaldía y al ejido Rancho Nuevo La Libertad que no aceptaba un contrato de promesa de compraventa del predio presuntamente invadido por un puente construido en la administración anterior como desistimiento de un juicio de amparo 288/2020, el Cabildo capitalino aprobó ayer dicho contrato, que prevé el pago de 12 millones de pesos a los ejidatarios. Sin embargo, el instrumento quedó condicionado al fallo de la autoridad judicial.

Ayer, el Cabildo capitalino aprobó por mayoría de votos el mencionado contrato, con lo cual, indicó el alcalde Enrique Galindo, se resarcía la violación a los derechos humanos en que incurrió el gobierno anterior al invadir predios ejidales para construir un puente en el cruce del Bulevar Rocha Cordero y avenida Industrias.

Sin embargo, en la primera intervención, el regidor morenista Alejandro Casillas Torres leyó una notificación emitida el 12 de agosto pasado en la que el Juzgado daba cuenta de la recepción del convenio de promesa de compraventa firmado entre ambas partes en mayo pasado, que incluía en su cláusula séptima el desistimiento del ejido del juicio de amparo.      

En respuesta, la juez Laura Coria Martínez externaba la imposibilidad de aceptar el desistimiento y su decisión de continuar las etapas pendientes del amparo.

Tampoco consideró factible considerar elevar el contrato a la calidad de “cosa juzgada”, pues indicó que aún es materia de estudio la presunta violación de los derechos y si es imputable a alguna autoridad.

Además, le indicó al Cabildo que la sentencia que dicte establecerá, si se da el caso, la forma en que la autoridad deberá resarcir el derecho a los ejidatarios.

La jueza explicó que ninguna disposición de la Ley de Amparo establece que algún acuerdo entre las partes que contienden terminen el proceso “ni mucho menos” que sea sancionado a la calidad de cosa juzgada.

En suma, ningún convenio se puede equiparar con un fallo. 

Además, indicó que está pendiente el análisis de las pruebas disponibles para determinar la existencia del reclamo, el interés jurídico del quejoso y acreditar si existe una violación de derechos, entre otras cosas.

Sin embargo, el síndico Hugo Salgado informó que en otra comunicación de la jueza, en la que daba un plazo de tres días, que se vencen mañana, para que el Cabildo se “pronunciara” con respecto al contrato, so pena de incurrir en sanciones. 

Sin embargo, en concordancia con las objeciones del juzgado, el propio síndico municipal propuso que la validación del contrato de promesa de pago quede condicionada a la resolución que dicte el Juzgado Octavo, moción que fue aprobada por mayoría.