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La sanción a la Segam por omisiones en la verificación de la calidad del aire, evidencia negligencia y posibles afectaciones a la salud de la ciudadanía, por lo cual es factible iniciar un juicio político en contra de Yvett Salazar Torres, titular de esa dependencia, valoró Luis González Lozano, director de la organización ambientalista Cambio de Ruta A.C.
Este viernes se reveló que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente multó a la Segam con 120 mil pesos por irregularidades detectadas en una de las cuatro estaciones de monitoreo de la calidad del aire. La dependencia estatal interpuso un recurso de revisión, el cual se encuentra en proceso de resolución.
Para el activista, la revelación de esa información demuestra una “gran estafa”, pues mientras la Segam asegura que cuenta con equipos de monitoreo, no hay un sistema eficaz de monitoreo para la Zona Metropolitana, es decir, existe falta de ética, responsabilidad y profesionalismo, dijo.
Adujo que San Luis Potosí tiene importantes fuentes de contaminación del aire y los contaminantes emitidos tienen repercusiones serias en la salud, como enfermedades respiratorias, ataques al corazón, asma, crisis asmáticas y aumento en la mortalidad prematura.
Según el Diagnóstico Sectorial Sector Salud San Luis Potosí 2018, hasta 2017 el principal motivo de enfermedad en la entidad potosina eran las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS).
Reportó que Cambio de Ruta realiza un análisis por municipio de las enfermedades en la población de SLP, cuyo contenido se presentará en el Primer Congreso Nacional de Aire y Salud, a realizarse en la capital potosina.
“No monitorear eficientemente el aire y, sobre todo, no informar a la población el riesgo que existe, es negligencia por parte de las autoridades, que por norma están obligadas a monitorear e informar la calidad del aire porque implica severos riesgos a la salud”, advirtió.
González Lozano sugirió que el gobernador debería generar un plan integral de mejoramiento de la calidad del aire, con recursos económicos y con el asesoramiento de gente experta al respecto.
“Definitivamente hay responsabilidad política, administrativa y una presunta comisión de delitos. Pero principalmente la lealtad, legalidad, diligencia y honestidad son los valores éticos fundamentales para realizar cualquier función pública”, concluyó.
