Las maromas de una presa

El 27 de noviembre de 2019, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció en un comunicado que dejaba sin efectos la autorización interna para la construcción de la presa La Maroma, ubicada en el municipio de Catorce, sobre el lecho del río Jordán, por lo que no podría seguirse construyendo.

A casi dos años de la emisión del comunicado, el proyecto que preveía dotar de agua a 123 mil habitantes del Altiplano sigue suspendido. Pero también se ha presentado un estira y afloja entre la Conagua y la Comisión Estatal del Agua (CEA), por casi 40 millones de pesos que la dependencia federal reclama como devolución del presupuesto entregado al consorcio y como multa por la entrega fuera de tiempo de recursos federales por parte del gobierno estatal anterior.

En estos casi 24 meses, la Conagua reclamó hasta tres veces el pago de estas cantidades y otras tantas, la CEA se ha negado a asumir la responsabilidad.

Maroma fallida

La presa La Maroma, uno de los compromisos hechos por Enrique Peña Nieto en su campaña para la presidencia de la República, preveía la construcción de una presa para almacenar agua procedente del manantial  Jordán y destinarla a Matehuala y otras poblaciones del Altiplano. 

Incluía, además de la presa, un acueducto y una planta tratadora.

Originalmente, el monto del contrato firmado el 13 de marzo de 2018 por la Conagua y la CEA con el consorcio formado por las empresas Construcciones y Edificaciones Tangamanga SA de CV, Desarrollo Habitacional RS SA de CV y Coedessa SA de CV ascendía a 163.6 millones de pesos. En marzo, se modifica y se aumenta a 186.9 millones de pesos.

También se modificó el plazo de entrega, afectado por protestas de ejidatarios que bloquearon las obras durante meses. Originalmente, la presa debió concluirse en enero de 2019, pero dos prórrogas alargaron esa fecha al diciembre de ese año.

Al final no tuvo importancia porque en noviembre de 2019, la Conagua suspendió el proyecto por discrepancias entre el proyecto y lo que estaba entregando la empresa. El comunicado de prensa emitido no lo mencionaba, pero se hablaba también de, pese a que el consorcio recibió recursos para construir la obra, incluyendo un anticipo de 49 millones de pesos a la firma del contrato, el avance físico era nulo.

Números

En un reporte de la CEA generado durante el proceso de entrega recepción entre las administraciones de Juan Manuel Carreras López, saliente, y la entrante de Ricardo Gallardo Cardona, se informa que el avance financiero de la obra era del 53.4%. Una tabla anexa abunda que de los 186.9 millones de pesos pactados, el consorcio recibió entre abril de 2018 y noviembre de 2019, 99.9 millones de pesos, quedando por ejercer otros 86.9.

La administración carrerista informa a su sucesora de la cancelación del proyecto y que, al menos hasta septiembre pasado, la Conagua “no ha concretado dicho acto administrativo (la suspensión) con las formalidades que requiere la normatividad aplicable”. 

El silencio de Conagua

El primer oficio, firmado por el entonces titular de la CEA, Alfonso Medina Salazar a la gerente de Asuntos y Proyectos de Agua Potable y Redes de Alcantarillado de Conagua, Yessica Hernández Ortiz, es del 20 de diciembre de 2019.

En el documento, la CEA pide a Conagua que le indique cómo proceder con los recursos federales que tenía en su poder. 

No precisa la cantidad, pero señala que a esa fecha, había un 56% de avance financiero en el proyecto e inquiere si hay que retornarlo a la Federación antes del 31 de diciembre para no contravenir las normas presupuestales.

También le presenta una alternativa para garantizar el abasto de agua a la población que iba a ser afectada por la cancelación de La Maroma, consistente en una presa derivadora que captara las aguas del manantial en otro sitio, lo que requeriría extender el acueducto.  

En un segundo oficio, del 19 de febrero de 2020, Medina Salazar informa que al haberse cumplido los plazos para reintegrar los recursos a la federación, el 29 de enero se regresó la suma no ejercida.

Le reiteran la disposición estatal de dar continuidad a las acciones para dotar de agua a esa zona y recuerda que entre lo pagado por la presa y el financiamiento del acueducto y la planta potabilizadora previstas en el proyecto, que ya estaban completadas y no se habían utilizado, se habian invertido 267 millones de pesos.

Medina Salazar solicitaba a Conagua que definiera “la situación que guarda la continuidad del proyecto”. Optimista, el gobierno esperaba recibir otra de Conagua, para realizar los estudios técnicos y financieros necesarios. 

Pero no fue así. La Conagua se tardó en contactarse casi un año y no fue para responder los planteamientos de la CEA.

Hechos consumados

El primer oficio disponible de la Conagua sobre el tema de La Maroma llegó a la CEA 11 meses y 14 días después de la última comunicación de su par estatal.   

El 4 de febrero de 2021, Raúl López Corzo, gerente de Estudios y Proyectos de Agua Potable y Redes de Alcantarillado envía el oficio B00.4.02-11/21 a Medina Salazar.

No fue una respuesta a los escritos enviados en diciembre de 2019 y febrero de 2020, sino una notificación: que desde el 14 de enero de 2020, la CEA informara al consorcio contratado para la construcción de la presa que el contrato de La Maroma había sido rescindido anticipadamente.

También, que desde el 25 de septiembre también se les notificó a las empresas que la Conagua determinó un saldo favorable a esa dependencia por 27.3 millones de pesos por anticipo pendiente de amortizar, que era necesario retornar para dar por finiquitado el contrato.

Además, aludiendo que según el convenio signado en febrero de 2018 entre las dependencias para el proyecto, la Conagua indicaba que a la CEA le correspondía emitir la línea de captura o el número de cuenta bancaria para que la empresa reintegrara los recursos.

De la sugerencia de una alternativa a La Maroma, ni una palabra.   

El 11 de febrero, la CEA revira: citando al convenio, dice que sólo le corresponden realizar labores de ventanilla de pago al contrato, pero la responsabilidad de interactuar con las empresas es de Conagua.

Además, la CEA indicó que tras entregar el remanente de la inversión federal en febrero de 2020, cerró la cuenta en la que se realizaban los depósitos por lo que estaba imposibilitada para cumplir con la instrucción.     

La CEA no se guarda el reproche y le recuerda a Conagua que no dio ninguna instrucción sobre el seguimiento que debía darse tras la cancelación de la obra.

Nuevo golpe

El expediente tiene un comunicado entre las oficinas centrales de Conagua y la dirección local en San Luis de la dependencia.

El 26 de mayo de 2021, desde México se notifica que la CEA había solicitado el 14 de enero del año anterior una línea de captura para depositar el remanente de recursos federales del proyecto que mantenía en su poder y que buscaba reintegrar.

Ahí se revela el monto de la devolución: 100.8 millones de pesos, el 53% de la inversión total. También descubre otra mala noticia para la CEA: el reintegro fue extemporáneo, lo que generó una “carga financiera” por 12.4 millones de pesos.

La oficina central de Conagua pedía a su oficina en San Luis que gestionara el pago de esa carga financiera. No detalló a quién: si a las constructoras o a la CEA.

El 27 de mayo, Joel Félix Díaz, delegado de Conagua en San Luis informa a Medina Salazar de la “carga financiera” por el reintegro extemporáneo de los cien millones de pesos y le solicita “atentamente” que gire instrucciones para realizar a la brevedad el reintegro de los 12.4 millones de pesos.

Ahora, con el finiquito de la empresa y las cargas financieras, la Conagua esperaba recuperar 39.6 millones de pesos.

Estocada

La Conagua no olvidó los 27.2 millones de pesos de la devolución del anticipo a las empresas, pero se lo volvió a recordar a la CEA. El 4 de junio, le envía un oficio con el “atento recordatorio” de que proporcione la línea de captura o cuenta bancaria “en la cual se deberá realizar el depósito de los recursos a cargo de las empresas contratistas”.

La presión era doble, pues en otro oficio de la misma fecha, la dirección nacional de la Conagua también insiste en la línea de crédito para recibir los 27.2 millones de pesos y le dice, ahora sí en respuesta a un cuestionamiento hecho el 1 de junio sobre el estado del convenio, de que este se encuentra vigente, pero sólo por lo que toca a la devolución del finiquito.

Por si eso no fuera suficiente, responde al planteamiento de una alternativa a la presa “Conagua no cuenta con las alternativas hidráulicas a las que hace referencia”. 

Tras sepultar la esperanza de dotar rápido de agua al Altiplano, la Conagua señala que está “en la mejor disposición” de realizar las reuniones de trabajo necesarias para “dirimir cualquier controversia”.  

Obra inútil

La Conagua no soltaba a la presa. El 25 de junio de este año, un nuevo recordatorio para que la CEA concretara la emisión de la línea de captura o la cuenta bancaria para que las empresas depositaran el finiquito de 27.3 millones de pesos.

El 12 de agosto, la CEA contesta por partida doble: en torno al finiquito, reitera que el trámite “es responsabilidad de la Conagua” y que no cuentan con el documento pedido.

Y sobre las cargas financieras por el reintegro extemporáneo de recursos federales, la CEA establece que si la paga, se producirá un daño al erario estatal y pregunta si las empresas incumplidas deberían hacerse responsables del pago de los 12.4 millones de pesos.

Informa de la apertura de una cuenta en BBVA para recibir esos recursos. Pero deja en claro que San Luis no los va a pagar.

Esa es la última comunicación disponible.

El reporte entregado al gobierno gallardista establece, como conclusión, que “mientras no se concluya la presa, el sistema integral no podrá operar como se planeó originalmente con la consecuencia de que la infraestructura hidráulica existente no tenga una utilidad real al estado”.