LOS DESCEN DIENTES DEL FEMINICIDIO

Ana, Luisa y Julia forman parte de los 67 niños, niñas y adolescentes huérfanos, hijos de mujeres víctimas de feminicidio, contabilizados por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) entre 2014 y mayo de 2021.

Desde 2018 perdieron a su madre Rocío Guadalupe Roque Aguilar, asesinada de tres balazos detonados por su padre Víctor, quien en 2018 arribó a la casa donde se encontraban en el municipio de Rioverde, cumpliendo de esa forma la amenaza de que le arrancaría la vida.

En ese año ocho menores quedaron huérfanos de madre. Un caso similar al de ellas se registró en la Capital potosina, donde la mujer asesinada tenía tres hijos, reveló la CEEAV en la respuesta a la solicitud de información con folio 00556221.

En 2020, los feminicidas dejaron sin su madre a 32 infantes, ubicándose como el año con más menores de edad en esa situación, equivalente a 47.76% del universo referido. El año anterior fue el segundo, con 12 niños, niñas y adolescentes.

Si bien el rango de edad de los infantes va de los 0 a los 17 años, el 23.88% tiene entre nueve y 11 años; 17.91% 13, 15 o 16 años y 17.91% entre seis y siete años.

Tales niños, niñas y adolescentes sin mamá derivaron de 33 feminicidios cometidos, siendo la Capital potosina con 12 atentados (17.91%) el municipio que concentra la mayoría de los agravios y por tanto, la residencia de los infantes.

Aunado a ello, cinco en Matehuala y tres en Soledad de Graciano Sánchez. Entre estos tres municipios con declaratoria de Alerta de Violencia de Género, se concentra el 29.85% de  niños, niñas y adolescentes huérfanos del estado.  

Destaca también Mexquitic de Carmona, donde el asesinato de una madre en 2020 dejó a cinco infantes en la orfandad, o el feminicidio en el presente año en San Luis Potosí, que también afectó a cinco menores.

Al cotejar el asunto de Ana, Luisa y Julia con las cifras de la CEEAV, se acreditó que la dependencia estatal no las registró en su base de información, posiblemente porque la familia no se acercó o no requirió de la intervención gubernamental.

En 2018 los asuntos que atrajo la Comisión se reportaron en Mexquitic de Carmona, Matehuala y la capital, sin registrar huérfanos en Riorverde. 

“Uno se quiere 

morir también…”

Ahí siguen, se despiertan para almorzar e ir a la escuela, parecen adolescentes y jovencitas deseosas de comerse al mundo, pero por dentro no se distingue nada. Cual vaso de cristal roto sus pedazos se encuentran regados por doquier siendo en la mente donde pareciera que se resquebrajan más y más, pero un “¡Las amo!”, “¡Las quiero!” o ¡Todo va a estar bien!”, apacigua el colapso de aquella reconstrucción.

Es la descendencia de Rocío Guadalupe Roque Aguilar, mujer de 34 años asesinada en 2018 en el barrio La Cofradía, Rioverde, presuntamente por su expareja Víctor N.

Desde esa fecha, junto a su abuela Graciela Aguilar, las adolescentes Ana de 13, Luisa de 15 y Julia de 16 años (nombres ficticios)  viven en otra realidad, esa donde salir y caminar tranquilas por la vía pública es un privilegio. 

Aunque actualmente residen en algún lugar de la entidad potosina, hace dos años se vieron obligadas a emigrar a otra entidad del país, con el objetivo de que las niñas pudieran concluir su formación educativa básica y media superior.

La monotonía es su nueva forma de vivir: salir de casa, ir a la escuela, regresar y enclaustrase. Así es como deben vivir por culpa de un sujeto, su padre, todavía en libertad.

Pensamientos muy negativos y enojo con la vida, sobre todo Luisa, pues fue quien presenció de frente el ataque mortal, es el principal impacto después de la pérdida violenta de su mamá. En tanto, Julia se caracterizó los primeros años por un silencio total, al grado de apenas escuchar su respirar 

La resiliencia es la capacidad del ser humano para sobreponerse a las adversidades que se presentan en la vida. Eso y más diariamente demuestra la señora Graciela, cuyo mayor sostén es ver felices y alegres a sus nietas…sin embargo, por momentos “uno se quiere morir también, pero uno tiene que seguir porque están ellas”, reconoce.

Como un recuerdo quemante en su memoria, suspira y responde que le ha costado mucho llegar hasta hoy, pues no solo debe lidiar con el duelo de su hija, sino también percibir el dolor de sus nietas. “Yo no sé qué es más doloroso, mi dolor o verlas a ellas así”, señala.

“Ellas quedaron muy afectadas. ¿Por qué tanto daño? Su padre les causó primero un daño a ellas golpeándolas y abusando sexualmente de una y después les quitó a su mamá que era lo único valioso que tenían”.

La tranquilidad dejó de existir desde el feminicidio de su hija. En la actualidad, ni ella, ni sus nietas gozan de libertad auténtica, ese derecho garantizado en la Constitución y pregonado por los abogados, para ellas es letra muerta.

Algo tan cotidiano como ir a visitar a sus familiares o amistades, salir a pasear o intentar divertirse está descartado. Sin rodeos expone que las niñas no pueden andar en la calle, están prácticamente escondidas. 

En el intento por la 

restitución de derechos 

El no tener todos los apoyos suficientes y ver interrumpida su vida, debido a que ha tomado funciones de madre, son algunos de los impactos que devienen para las abuelas con la comisión de feminicidios y posterior orfandad de los hijos de la víctima, señala Elizabeth Rapp Saint Martín, presidenta de “Otra Oportunidad” A.C.

Puntualiza la relevancia de que intervenga el Estado de forma interinstitucional, urgente, con perspectiva de género y sin revictimizar, a fin de atender las necesidades de los infantes, tales como apoyo y terapia psicológica, guardia y custodia para la abuela materna, seguimiento puntual de los servicios, así como medidas de protección, en tanto que el imputado del crimen se encuentra en libertad.

Aunque la presidenta de la asociación civil evidencia cómo debería ser la correcta intervención del Estado frente al problema, todo ese cúmulo de garantías ha sido cubierto por “Otra Oportunidad” A.C. en la mayoría de las víctimas indirectas.

Argumenta que la exigencia debe centrarse en la CEEAV, las Secretarías de Salud (Ssa) y de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), los programas federales de la Secretaria del Bienestar, entre otras, las cuales pueden intervenir en la restitución de derechos.

La activista reporta que el refugio para mujeres, madres e hijos víctimas de violencia, a lo largo de los años ha brindado resguardo a las tutoras de los huérfanos de un feminicidio, es decir, las abuelas.

“En tanto no se pueda garantizar la seguridad de una víctima, la de sus hijas y la de sus hijos, no pueden omitirse los refugios, tampoco se trata de decir de que en cada municipio va a haber un refugio. Los refugios no son viables en municipios pequeños, porque son perfectamente ubicables”, expone. 

En la pugna por garantizar el interés superior de la niñez, Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), dice que asumir el problema público, crear un padrón o un censo, con clasificación adecuada de las carpetas de investigación de las muertes violentas de mujeres, son los retos para el Estado frente a las niñas, niños y adolescentes huérfanos por feminicidio.

Hace hincapié en que el registro de dichas víctimas indirectas cuente con una desagregación de datos lo suficientemente pormenorizados.

Además, plantea la elaboración de un trabajo de campo para ubicar con claridad cuáles son los contextos comunitarios de las infancias en orfandad, porque la institucionalización (albergues, casas y hogares administrados por el Estado) no siempre es la mejor solución, dado que ahí muchas veces sufren violaciones a sus derechos humanos.

Recalca que si bien puede haber determinadas circunstancias, el derecho a la alimentación, a la familia y a la salud, son entre otros, tres de las garantías evidentes que se vulneran a los infantes con la comisión de un feminicidio.