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Una iniciativa legislativa de confinamiento obligatorio para pacientes con COVID-19 fue modificada por el diputado proponente, Cándido Ochoa Rojas, luego de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) señalara imprecisiones en el texto que podrían generar recursos de inconstitucionalidad por parte de las personas afectadas por la medida.
El legislador precisó que él mismo presentó las modificaciones necesarias en una reunión de la Comisión de Salud y Asistencia realizada el 24 de abril pasado, pues se consideró clarificar que se trata de dar a los Servicios de Salud del Estado una herramienta de la cual no disponen hasta ahora, que es el confinamiento obligatorio, herramienta que será aplicable únicamente en situaciones de emergencia sanitaria como la que actualmente se registra con el COVID-19.
También se especifica que el confinamiento aplicará a personas confirmadas de ser portadoras del virus y no a personas “sospechosas” como estaba en la primera versión de la iniciativa, la cual fue aprobada en sesión plenaria del Congreso el pasado viernes 17 de abril.
Otra modificación es que el rastreo, ubicación y confinamiento de personas enfermas será una facultad de la autoridad sanitaria, mas no una obligación, y solo se recurrirá al uso de la fuerza pública en los casos en que exista negativa de parte del paciente y con previa orden de aislamiento dada por escrito por la autoridad competente.
Finalmente, Ochoa Rojas dejó en claro que el confinamiento obligatorio aplicará también en situaciones futuras en las que se declare emergencia sanitaria por otras enfermedades transmisibles incluidas en los artículos 103 y 104 de la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí.
