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Con todo y que es el séptimo estado del país con mayor tasa de incidencia de corrupción en trámites oficiales, en San Luis Potosí está frenada la creación del sistema local anticorrupción por motivos políticos, señaló la consultora Ethos en un estudio sobre los frenos que existen en el país al sistema anticorrupción.
En general, los sistemas estatales se han convertido en un lastre para el sistema nacional impulsado desde el gobierno federal, es la conclusión del reporte “¿Qué nos frena? El bloqueo político del combate a la corrupción”, dado a conocer ayer por Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, un think tank especializado en temas de gobierno, corrupción y transparencia. Y estos frenos, indica, son propiciados por los gobernadores.
En el caso particular de San Luis, establece esa organización, la lentitud y la desorganización que ha impedido completar el sistema local son el principal freno al sistema, lo que beneficia al Ejecutivo.
“El gobierno encabezado por Juan Manuel Carreras (PRI, 2015-2021)”, señala el documento, “tiene la excusa perfecta para negar recursos al SEA en el presupuesto de egresos: la falta de nombramiento del secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva. La lucha contra la corrupción en esta entidad pasa a segundo término, pues resulta más encarnizada la disputa entre los miembros del CPC para quedarse con la presidencia del organismo. Han llegado al borde de las manos para dirimir sus diferencias, lo que beneficia a los corruptos”.
La falta de nombramiento de titular de la Secretaría Ejecutiva del sistema es la única omisión operativa que muestra la entidad. Es uno de los seis estados que no han cumplido con ese paso.
Otro freno al SEA que observa el reporte es la falta de presupuesto estatal para el organismo. El estado es uno de los siete a los que el Congreso del Estado, otro beneficiario de esta situación, no asignó partida alguna del SEA.
El estudio hace notar que el SEA en San Luis no se ha establecido pese a que el estado se ubica en el séptimo lugar de incidencia de casos de corrupción en trámites oficiales, con 28 mil 807 casos por cada cien mil personas, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi.
