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La mujer que intentó incendiar a su pareja en el municipio de Matlapa, previamente había solicitado protección por agresiones que sufría de su marido al Ministerio Público, quien la aprobó pero no se ejecutó, reveló Jorge Andrés López Espinosa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
En días pasados, se dio a conocer que la afectada intentó quemar vivo al presunto agresor, a quien le lanzó gasolina y luego cerillos para lograr su cometido; al final el agredido sólo sufrió quemaduras pero no falleció.
López Espinosa criticó que el Ministerio Público dicta las medidas de protección para las víctimas de agresiones, sin embargo, quedan “en el papel” porque no se verifica que se cumpla el mandato que demanda.
El ombudsman local informó que tras la queja de la fémina –presentada hace dos meses-, el organismo autónomo inició un expediente al respecto, y solicitó medidas precautorias al Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Previo a firmar un convenio con el Centro de Justicia para Mujeres (CJM), informó que luego de solicitar de nueva cuenta las acciones cautelares a la Subprocuraduría de la Huasteca con copia a la PGJE –ahora Fiscalía General del Estado-, la afectada fue “sustraída” de la municipalidad, a fin de resguardar su integridad física.
Confirmó que sobre el probable agresor existe una denuncia por supuesta violación en contra de vástagos de la víctima, cuya carpeta de investigación deberá ser integrada por la autoridad ministerial.
“Ya previamente se habían solicitado medidas precautorias para la mujer, ella denunció en su momento ser víctima de agresiones por parte de su marido. En esta última ocasión donde circula un video, ella nos ha manifestado de viva voz que ella fue la agredida”, refirió.
En días pasados, se dio a conocer que la afectada intentó quemar vivo al presunto agresor, a quien le lanzó gasolina y luego cerillos para lograr su cometido; al final el agredido sólo sufrió quemaduras pero no falleció.
López Espinosa criticó que el Ministerio Público dicta las medidas de protección para las víctimas de agresiones, sin embargo, quedan “en el papel” porque no se verifica que se cumpla el mandato que demanda.
El ombudsman local informó que tras la queja de la fémina –presentada hace dos meses-, el organismo autónomo inició un expediente al respecto, y solicitó medidas precautorias al Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Previo a firmar un convenio con el Centro de Justicia para Mujeres (CJM), informó que luego de solicitar de nueva cuenta las acciones cautelares a la Subprocuraduría de la Huasteca con copia a la PGJE –ahora Fiscalía General del Estado-, la afectada fue “sustraída” de la municipalidad, a fin de resguardar su integridad física.
Confirmó que sobre el probable agresor existe una denuncia por supuesta violación en contra de vástagos de la víctima, cuya carpeta de investigación deberá ser integrada por la autoridad ministerial.
“Ya previamente se habían solicitado medidas precautorias para la mujer, ella denunció en su momento ser víctima de agresiones por parte de su marido. En esta última ocasión donde circula un video, ella nos ha manifestado de viva voz que ella fue la agredida”, refirió.
