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Regidores perredistas encabezados por el exdirector de Participación Ciudadana y actual integrante del Cabildo capitalino, Eloy Franklin negaron que la administración de Ricardo Gallardo Juárez haya heredado irregularidades financieras, laborales y materiales; además acusaron a la actual administración de señalar a sus antecesores “para encubrir los errores que está cometiendo y se pretenda, de manera dolosa, responsabilizar al gobierno anterior”.
En conferencia de prensa en la que estuvieron presentes los regidores Ana Pineda Guel, Lydia Karina Zavala Rodríguez y Antonio Salas Herrera, Eloy Franklin aseguró que la administración anterior "realizó un arduo proceso de entrega-recepción, el cual cumplió en tiempo y forma de conformidad a la nueva ley en la materia y bajo la supervisión de la Auditoría Superior del Estado, y que, a diferencia de hace tres años, las cosas fueron muy desfavorables, porque se recibió un gobierno quebrado, saqueado, endeudado, con aviadores y sin recursos, hoy todo se dio bajo un estricto control, orden y transparencia”.
Rechazó que se haya dejado sin recursos al gobierno capitalino para adquirir combustible para el parque vehicular de la DGSPM y operatividad en general de las demás dependencias, “lamentamos que se haya malinformado a la ciudadanía, cuando lo cierto es que fue la propia administración actual la que canceló las cuentas bancarias, impidiendo así el acceso a los recursos municipales”.
Respecto al destino actual de los parquímetros retirados de la avenida Carranza por las obras de remodelación, el supuesto “extravío” de contratos laborales y la falta de pago del salario de varios trabajadores municipales, afirmó que ello no fue responsabilidad del gobierno saliente sino a factores externos atribuidos a instituciones bancarias "y a la falta de voluntad del actual gobierno para resolver el problema a la brevedad".
Sobre la existencia de asesores, se subrayó que está establecida en el tabulador del municipio, por lo que no hay ninguna ilegalidad, "cumplían con sus funciones y acudían de manera cotidiana a cumplir con sus deberes a sus centros laborales respectivos; y ninguno de ellos tenía un sueldo superior al ex alcalde Ricardo Gallardo Juárez".
Respecto a la situación de varios trabajadores despedidos, “vemos con preocupación el trato vejatorio que se les está dando, lo que constituye una violación a sus más elementales derechos humanos, no se les atiende, se les impide entrar a la UAM y no se les brinda la información para saber con precisión cuál es su situación laboral”. No obstante, no mencionó nada sobre la presunta inexistencia de contratos.
En cuanto a obras inconclusas, “nos permitimos aclarar al director de Obras Públicas, Marco Uribe, que él debe saber que toda obra tiene un calendario de terminación, y en este caso se trata de proyectos que trascenderían a la gestión anterior”.
En conferencia de prensa en la que estuvieron presentes los regidores Ana Pineda Guel, Lydia Karina Zavala Rodríguez y Antonio Salas Herrera, Eloy Franklin aseguró que la administración anterior "realizó un arduo proceso de entrega-recepción, el cual cumplió en tiempo y forma de conformidad a la nueva ley en la materia y bajo la supervisión de la Auditoría Superior del Estado, y que, a diferencia de hace tres años, las cosas fueron muy desfavorables, porque se recibió un gobierno quebrado, saqueado, endeudado, con aviadores y sin recursos, hoy todo se dio bajo un estricto control, orden y transparencia”.
Rechazó que se haya dejado sin recursos al gobierno capitalino para adquirir combustible para el parque vehicular de la DGSPM y operatividad en general de las demás dependencias, “lamentamos que se haya malinformado a la ciudadanía, cuando lo cierto es que fue la propia administración actual la que canceló las cuentas bancarias, impidiendo así el acceso a los recursos municipales”.
Respecto al destino actual de los parquímetros retirados de la avenida Carranza por las obras de remodelación, el supuesto “extravío” de contratos laborales y la falta de pago del salario de varios trabajadores municipales, afirmó que ello no fue responsabilidad del gobierno saliente sino a factores externos atribuidos a instituciones bancarias "y a la falta de voluntad del actual gobierno para resolver el problema a la brevedad".
Sobre la existencia de asesores, se subrayó que está establecida en el tabulador del municipio, por lo que no hay ninguna ilegalidad, "cumplían con sus funciones y acudían de manera cotidiana a cumplir con sus deberes a sus centros laborales respectivos; y ninguno de ellos tenía un sueldo superior al ex alcalde Ricardo Gallardo Juárez".
Respecto a la situación de varios trabajadores despedidos, “vemos con preocupación el trato vejatorio que se les está dando, lo que constituye una violación a sus más elementales derechos humanos, no se les atiende, se les impide entrar a la UAM y no se les brinda la información para saber con precisión cuál es su situación laboral”. No obstante, no mencionó nada sobre la presunta inexistencia de contratos.
En cuanto a obras inconclusas, “nos permitimos aclarar al director de Obras Públicas, Marco Uribe, que él debe saber que toda obra tiene un calendario de terminación, y en este caso se trata de proyectos que trascenderían a la gestión anterior”.
