"Nuevo titular de CEEAV debe entrarle a la lucha"

Lupita Mendiola Acosta, integrante del colectivo de búsqueda Voz y Dignidad por los Nuestros, advirtió que la llegada de Juan Gerardo Castillo Mata a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) debe garantizar un cambio de fondo para quienes enfrentan la violencia. Si bien reconoció que el nuevo titular cuenta con experiencia administrativa, advirtió que aún está por demostrarse su sensibilidad y trabajo directo con víctimas y colectivos. "El conocimiento y la experiencia la trae, pero sí le falta un poco conocer lo que es la sensibilidad con colectivos", señaló.

Tras la toma de protesta, Mendiola recordó que Castillo Mata proviene de la Fiscalía General del Estado (FGE) y que ya se desempeñó como director jurídico en la propia Comisión, antecedentes que, dijo, le otorgan conocimiento técnico del área. Sin embargo, subrayó que el principal desafío no se resuelve desde el escritorio, sino en el acompañamiento cotidiano a quienes buscan justicia. "No es lo mismo venir de un escritorio, no es lo mismo venir de la parte, sobre todo el trabajo de oficina", sostuvo.

La activista comparó el perfil del nuevo titular con el de sus antecesores, como Jorge Vega Arroyo y Miguel Ángel García Amaro, quienes —afirmó— mantenían presencia constante junto a víctimas y colectivos. En ese sentido, afirmó que esa parte "vamos apenas a conocerla de él", aunque reconoció que recientemente participó en un acercamiento con colectivos en San Luis Potosí.

Mendiola enfatizó que la CEEAV no puede reducir su función a la gestión administrativa ni a la coordinación institucional. "Creo que es un cargo muy grande e importante y hay que entrarle a la lucha también", expresó, al remarcar que las víctimas demandan acompañamiento real, seguimiento puntual a sus casos y resultados concretos.

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Por su parte, Juan Gerardo Castillo Mata afirmó tras asumir el cargo que su proyecto busca fortalecer las áreas de la comisión en oficinas centrales y en el interior del estado, reforzar la coordinación con la FGE y sus fiscalías especializadas para avanzar en las carpetas de investigación, y trabajar con organismos de derechos humanos para atender y reparar el daño a las víctimas.