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El monto del probable daño patrimonial a la Hacienda Pública Federal por presuntos actos de corrupción en el gasto de recursos federales para el Seguro Popular asciende a 48.5 millones de pesos. De ello, se responsabiliza a 11 ex funcionarios de las Secretarías de Salud y Finanzas del Estado que ejercieron labores en el periodo de 2012 a 2016.
Lo anterior consta en una de las denuncias presentadas por las organizaciones Justicia Justa e Impunidad Cero, en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la PGR, por presuntos actos de corrupción en San Luis Potosí.
En el documento por presumibles irregularidades en los recursos del Seguro Popular, los denunciantes deducen que en el ejercicio fiscal 2012 hubo probable daño patrimonial a la Hacienda Pública Federal por 6.1 millones de pesos. Piden además acreditar el ejercicio y aplicación de 561.6 millones de pesos.
Para 2013, el posible daño patrimonial a la Hacienda Pública Federal fue de 1.2 millones de pesos. Además, las organizaciones solicitan acreditar el ejercicio y aplicación de 523 millones de pesos.
Al año siguiente, se pide la acreditación de 109.9 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
En 2015 no se auditó el fondo y para el año siguiente, el probable daño a las arcas federales por una cifra de 41 millones de pesos.
Según la denuncia de hechos entregada a la PGR, los presuntos responsables que podrían haber realizado o tenido relación con los hechos son los titulares y directores de once dependencias estatales de esta y la pasada administración, entre los que están las secretarías de Finanzas, la de Salud Estatal.
Lo anterior consta en una de las denuncias presentadas por las organizaciones Justicia Justa e Impunidad Cero, en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la PGR, por presuntos actos de corrupción en San Luis Potosí.
En el documento por presumibles irregularidades en los recursos del Seguro Popular, los denunciantes deducen que en el ejercicio fiscal 2012 hubo probable daño patrimonial a la Hacienda Pública Federal por 6.1 millones de pesos. Piden además acreditar el ejercicio y aplicación de 561.6 millones de pesos.
Para 2013, el posible daño patrimonial a la Hacienda Pública Federal fue de 1.2 millones de pesos. Además, las organizaciones solicitan acreditar el ejercicio y aplicación de 523 millones de pesos.
Al año siguiente, se pide la acreditación de 109.9 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
En 2015 no se auditó el fondo y para el año siguiente, el probable daño a las arcas federales por una cifra de 41 millones de pesos.
Según la denuncia de hechos entregada a la PGR, los presuntos responsables que podrían haber realizado o tenido relación con los hechos son los titulares y directores de once dependencias estatales de esta y la pasada administración, entre los que están las secretarías de Finanzas, la de Salud Estatal.
