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En San Luis Potosí es todo un logro que se abra un expediente en contra de un funcionario corrupto, pero se da irremisiblemente al traste con las escalas debidas de todo aprovechamiento político. El cartapacio engrosado con pillerías y abusos queda siempre en nada.
En San Luis se persigue poco al corrupto y sólo al del partido, facción o acera política contraria. Si el expedientado es además a un perdedor sin un amigo empotrado en alguna curul del Congreso local, con mayor razón se le exhibe como a pieza de caza. Ya si el expedientado político pisa la oficina del Ministerio Público, o hasta la enfermería de una cárcel -nunca la cárcel monda y lironda-, es nada más para llevar el performance a un tono dramático.
Por exigencia ciudadana crearon un sistema anticorrupción en el país que no va a servir para nada porque, como todo organismo autónomo generado para vigilar y señalar los abusos de los gobiernos, se le diseña para que lo colonicen los partidos con “cuotas” de amigos en esos empleos. Así hicieron con la reputada porqueriza que es la Auditoría Superior del Estado.
Con la comisión de ciudadanos contra la corrupción, los diputados hicieron asignaciones desatinadas que la encaminaron a la judicialización y la incapacitaron antes de nacer.
El cierre han sido las fiscalías anticorrupción y electoral. Ya no se esperaba mucho de esas nominaciones y sin embargo consiguieron decepcionar, que no es poca hazaña. Basta ver cómo votaron para que el gobernador Juan Manuel Carreras López consiguiera fiscales a su gustito. Usaron los votos de la fracción “panista-ecuacionista”, le prometieron algo al PRD que siempre vota a favor de iniciativas priistas y alinearon a las fracciones-satélites del poder. El resultado es bochornoso: de fiscal anticorrupción va un empleado del gobernador que lanzaron directo desde la Subsecretaría de Gobierno, Jorge Vera Noyola, y de fiscal electoral un amigo de “proyectitos” políticos, Javier Montalvo Pérez.
El joven ex diputado Vera ha hecho las promesas que cabe esperar: tolerancia cero a corruptelas. Jura que no servirá de tapadera, como ha sucedido con las contralorías, las auditorías y demás letanía de vigilantes oficiales de la buena aplicación del recurso público.
No se puede esperar algo distinto de la asignación de un cargo con evidente motivo como el suyo. De estas telas, anticipamos estos cortes: se va a hacer el miope ante los estropicios de los roedores con padrinos, lo de siempre. Y va a colocar en empleos de la nueva fiscalía, sin importar si tienen capacidad o no, a los efebos del staff del diputado X, al hermanito del diputado Y y al hijito de la diputada Z que no halla chamba con su título de técnico en brioches muselina y buñuelos de viento. Vera lo hará, eso sí, con un estilo austero y contenido que mucho contribuirá a una estética institucional.
En San Luis, y en México entero, el poder político es para obstaculizar toda incomodidad. Por eso los “fiscales carnales”. Ahí tienen a Oliver Meade, el visitador encargado de investigar el caso de los “moches” que diputados exigían a alcaldes, según revelación estelar del legislador con licencia Enrique Flores: Meade se comporta más como celoso defensor de los políticos investigados. Se justifica el hombre con que no ha habido alcalde que declare en contra de los extorsionadores, que sólo el denunciante lo dice, Crispín Ordaz. ¿Y ya se metió a los movimientos bancarios de los señores diputados? Si no lo ha hecho, su indagatoria vale para pegote con saliva. Si no tiene facultades, que por dignidad renuncie porque sin facultades de ese tipo hoy en día entonces su cargo es pura ficción barata.
Todavía peor los oficiosos infaltables: mensajitos chimoleros con que “el único perjudicado va a ser Crispín”, que “le va a hacer bumerán” el asunto. Si es por eso, se van a ver estupendos fincando proceso a un alcalde… que denunció la corrupción en la Auditoría Superior y el Congreso.
Ya vimos hasta en los registros de precandidatos de PRI, PRD y de PAN, que las complicidades van más allá de cuatro diputados. Los acuerdos para obtener provecho indebido de las arcas públicas extienden la práctica corrupta a todos los colores. Los tomas y dacas van de un poder a otro y trascienden militancias. Hay una banda de transmisión de lo político a lo jurídico que no es unidireccional ni directa. Antes era el PRI, ahora no hay partido que escape.
“El Jefe” Diego Fernández de Cevallos lo expone en una buena entrevista que le publica Proceso este fin de semana: “Cuando estaba concentrado el poder, estaba concentrada la corrupción; cuando se democratizó el poder, se democratizó, entre comillas, la corrupción”. El sueño democrático también produce monstruos.
En todo lo que tenga que ver con impartir justicia y marcar contrapeso a los gobiernos, los méritos, el estudio, la honestidad y el criterio acertado pueden llevar lejos. Pero más lejos llega, y más fácil, la connivencia con los partidos políticos. Se crea así un equilibrio perfecto de intereses diversos y retorcidos.
Al gobernador no le interesó un sistema anticorrupción con funcionarios neutrales, suficientes garantías para desempeñar su tarea de controlar al poder político y atajar su tendencia al exceso. Carreras promete luchar contra la corrupción y luego deja las cosas como están.
En San Luis la responsabilidad política sólo existe si hay responsabilidad penal. Se puede ser un raterazo bendito del dominio público pero si no hay proceso penal, se puede continuar medrando en la política. Esa es la lógica de nuestras instituciones anticorrupción: evitar como sea que los políticos enfrenten responsabilidades penales. El juicio de los “moches” no tendrá consecuencias políticas, por eso regresó el cenecista Oscar Bautista.
Tenemos una justicia sesgada y politizada. Perseguir en San Luis Potosí a funcionarios y diputados corruptos es un prevaricato recurrente porque el fiscal, auditor o contralor que debiera sancionarlos les perdona la plana, les pasa información, les “echa la mano”, o, como dicen los agentes de tránsito, “les da la atención”.
Tendremos en el sistema estatal contra la corrupción otra institución fiscalizadora que no se mete en problemas, no indigna a nadie, es inane, estúpida y prescindible. Apenas un pollo hormonado para impresionar en el plato.
ROLLOS SUELTOS
BYE, GALINDO. En el sprint final del PRI por las candidaturas al Senado, no fue suficiente la enjundia del ex comisario Enrique Galindo. Si se confirma en candidatura, el perfil de Luis Mahbub Sarquis halla lógica en una competitividad muy local y de circunstancia, no tanto en que tan “amigo de Pepe Toño” sea, o cuanta trayectoria en la primera línea de la burocracia federal se tenga.
EL GANCHO. El partido ganador de la elección senatorial desde 2000, el PAN, está embrocado en una alianza que lo pone a promoverse en fórmula con la PRD-Gallardía, no muy querida ésta en el segmento que más vota por el PAN, de empresarios y profesionistas libres. El empresario Mahbub puede tener en ello una buena oportunidad de atraer votos.
ANCLA “OVERSIZE”. Lo que no se entiende es a qué va doña Rebeca Terán en la fórmula, liada como está la señora a las figuras menos presentables del Congreso del Estado, como el cenecista Óscar Bautista Villegas. Además, tiene pendiente una explicación por lo menos creíble de la lanita federal que aplicó en un predio de su propiedad con el argumento de hacer un vivero social para cafetos.
OBVIO, OBVIO. La presidenta del DIF estatal, Lorena Valle, afirmó a la prensa que no halló indicio de mal uso de recursos públicos en la promoción de su coordinadora en el Altiplano, Rosa Idalia Segovia. El mal uso ya salió a flote solito, en el registro de Rosa Idalia Segovia como precandidata a diputada federal por el distrito I, con cabecera en Matehuala, donde andaba repartiendo beneficios del DIF estatal con su nombre.
PROPIEDADES. Ahora es Proceso, en su edición de este domingo, la que dedica un reportaje a los Gallardo padre e hijo, centrado en las aspiraciones de llegar al congreso federal del ex alcalde del joven ex alcalde de Soledad. Para la investigación, se metieron a los registros de propiedad y hallaron decenas de bienes.
EN “CHICKENLAND”. Se nota que son tiempos políticos: con motivo de la visita de un subsecretario de Sedesol, le armaron gira relámpago al gobernador en Pavón, los dominios con edificios enteros pintados de amarillo. En las imágenes del evento no se ve funcionario soledense alguno.
NO ACABA. El litigio del diputado Héctor Mendizábal contra la sanción que le impuso su partido no termina con su amparo a favor de la revocación de esa imagen: hay una ampliación en tiempo por parte del panismo local. Los consejeros estatales panistas reviran ahora ante instancia federal.
A SACAR LOS COLORES. No supo con quien se metía la funcionaria de Soledad a la que se le ocurrió “castigar” atorando trámites al notario Martínez Benavente porque no “cooperó” para unas bicicletas. El fedatario anuncia que presentará querella por que a esa acción corresponde en el Código Penal, que es extorsión.
LA TIRA DE LAS NETAS
EL DIEGO DE SIEMPRE
“Tengo muchas cosas de qué arrepentirme, porque he cometido muchos errores, pero nada de qué avergonzarme”.
Diego Fernández De Cevallos, ex candidato presidencial y ex dirigente nacional del PAN en entrevista- repaso de batallas con Proceso No. 2152 (28/I).
PARAÍSOS MARIHUANEROS
“Yo creo que el hacer legal no solamente el consumo sino la producción y la venta de marihuana contribuiría, junto con otras acciones, a destinos más seguros”.
Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo, y su propuesta en la conferencia “Perspectivas Turísticas para México” en el sentido de legalizar la marihuana en los grandes destinos turísticos afectados por la inseguridad, como Los Cabos o Cancún (25/I).
JUSTICIA CON UNA PINZA... EN LA NARIZ
“No le confiaría ni a mis perros, señor”.
Rosemarie Aquilina, la juez del condado de Ingham, Michigan que sentenció hasta a 175 años de prisión al ex médico del equipo olímpico de gimnasia de los Estados Unidos, Larry Nassar, por abusar sexualmente de 156 niñas y adolescentes en 20 años. CNN (24/I).
