Presionan PVEM y PT para que se agilice municipalización de Pozos; oposición los frena

En reunión de Comisiones unidas de Gobernación, Desarrollo Territorial Sustentable y Puntos Constitucionales, las bancadas del PVEM y PT buscaban la aprobación de un dictamen para solicitar al Ceepac contemplar la elaboración de un plebiscito por la municipalización de la delegación Villa de Pozos, sin embargo, la oposición logró obtener un receso para tal discusión.

Los integrantes de las comisiones establecieron que mañana  martes se reunirán de nueva cuenta para tratar de alcanzar acuerdos sobre el procedimiento de municipalización.

El PVEM y el PT pretendían que el proyecto de dictamen ingresara a la Gaceta Parlamentaria y con ello, discutirlo y en su caso aprobarlo por el Pleno del Congreso del Estado en la sesión del  próximo jueves.

En la presentación de la iniciativa ciudadana, los asesores explicaron que deben quedar definidos los polígonos territoriales, reconocidos tanto por el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Instituto Municipal de Planeación (Implan) del municipio capitalino.

Durante la discusión Rubén Guajardo Barrera, diputado del Partido Acción Nacional (PAN), se quejó por no haber recibido el proyecto que se buscaba aprobar, por lo tanto, no tenía sustento para votar un documento desconocido.

Posteriormente y ante la insistencia de José Luis Fernández Martínez, diputado presidente de la Comisión de Gobernación y del PVEM por sacar adelante la propuesta, Héctor Mauricio Ramírez Konishi, diputado sin partido pero afiliado a Movimiento Ciudadano, cuestionó la urgencia de desahogar el tema.

Como respuesta, Fernández Martínez reviró que la intención es que la delegación se municipalice y participe en las elecciones del 2024, es decir, cumplir con todo el procedimiento antes del 30 de octubre, fecha del inicio del proceso electoral 2023-2024.

Ante ello, Edmundo Azael Torrescano Medina, diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que entonces había una "urgencia electoral", a lo que Fernández Martínez dijo que se trataba de una "urgencia social" solicitada por los habitantes de dicha delegación.