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Graves recortes Jóvenes criminales
La Cuarta Transformación no está siendo benéfica para San Luis Potosí en materia de seguridad pública. Los dos más importantes fondos federales para combatir a la delincuencia entregados a estados y municipios han sufrido importantes recortes para el estado este año.
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En enero, se conoció que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) destinará apenas 178 millones de pesos para San Luis. La cifra más baja en los once años que lleva existiendo el fondo, que en sus mejores tiempos, llegó a entregar a la entidad más de 230 millones de pesos.
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Y ahora, el subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios, que beneficiaba a los municipios, dio un fuerte golpe a la capital, que vio reducido casi la mitad de los recursos que recibió en 2018.
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Los cinco municipios que también se benefician con este subsidio en la entidad tuvieron incrementos significativos, pero el monto del recorte aplicado a la capital fue bastante más superior.
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En todo caso, puede decirse que el estado recibió un nuevo golpe del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
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Pero achacarle a la Presidencia de la República los recortes es la salida más fácil. El cambio de reglas operativas en ambos fondos, que ligan más las cantidades recibidas a la efectividad al combate a la delincuencia que al criterio poblacional es, en parte, el responsable de la disminución.
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Es decir, que entre más se fracase en contener la incidencia delictiva, menos recursos se recibirán y, efectivamente, eso es lo que está sucediendo actualmente tanto a nivel estatal y municipal.
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Los gobiernos de Juan Manuel Carreras López y Xavier Nava Palacios no están ganando la batalla contra el crimen. Y por ello, son los responsables, en parte, de este golpe a las arcas de sus respectivos gobiernos.
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Y hablando de seguridad, la zona metropolitana se sumergió en un nuevo punto más bajo de la actividad criminal al conocerse la participación de infantes en un asalto que dejó como saldo a un taxista lesionado por los menores y a los propios menores al borde de un linchamiento, del que se salvaron sólo por su corta edad.
La sociedad potosina, porque no sólo la autoridad es responsable de este fenómeno, está ante un reto monumental. Cuando la niñez está ya infectada por el virus criminal y no mide las consecuencias ni la gravedad de sus actos, quiere decir que la situación es ya demasiado grave.
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El modo en el que se procese a los jóvenes delincuentes será un indicativo de qué tan bien se lidia con este nuevo reto de la delincuencia.
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Sí, habrá que castigar, pero también es obligada una rehabilitación de los participantes en este delito. En la medida en que esto se logre, se podrá presumir un avance. Sólo así.
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¡HASTA MAÑANA!
La Cuarta Transformación no está siendo benéfica para San Luis Potosí en materia de seguridad pública. Los dos más importantes fondos federales para combatir a la delincuencia entregados a estados y municipios han sufrido importantes recortes para el estado este año.
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En enero, se conoció que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) destinará apenas 178 millones de pesos para San Luis. La cifra más baja en los once años que lleva existiendo el fondo, que en sus mejores tiempos, llegó a entregar a la entidad más de 230 millones de pesos.
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Y ahora, el subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios, que beneficiaba a los municipios, dio un fuerte golpe a la capital, que vio reducido casi la mitad de los recursos que recibió en 2018.
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Los cinco municipios que también se benefician con este subsidio en la entidad tuvieron incrementos significativos, pero el monto del recorte aplicado a la capital fue bastante más superior.
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En todo caso, puede decirse que el estado recibió un nuevo golpe del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
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Pero achacarle a la Presidencia de la República los recortes es la salida más fácil. El cambio de reglas operativas en ambos fondos, que ligan más las cantidades recibidas a la efectividad al combate a la delincuencia que al criterio poblacional es, en parte, el responsable de la disminución.
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Es decir, que entre más se fracase en contener la incidencia delictiva, menos recursos se recibirán y, efectivamente, eso es lo que está sucediendo actualmente tanto a nivel estatal y municipal.
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Los gobiernos de Juan Manuel Carreras López y Xavier Nava Palacios no están ganando la batalla contra el crimen. Y por ello, son los responsables, en parte, de este golpe a las arcas de sus respectivos gobiernos.
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Y hablando de seguridad, la zona metropolitana se sumergió en un nuevo punto más bajo de la actividad criminal al conocerse la participación de infantes en un asalto que dejó como saldo a un taxista lesionado por los menores y a los propios menores al borde de un linchamiento, del que se salvaron sólo por su corta edad.
La sociedad potosina, porque no sólo la autoridad es responsable de este fenómeno, está ante un reto monumental. Cuando la niñez está ya infectada por el virus criminal y no mide las consecuencias ni la gravedad de sus actos, quiere decir que la situación es ya demasiado grave.
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El modo en el que se procese a los jóvenes delincuentes será un indicativo de qué tan bien se lidia con este nuevo reto de la delincuencia.
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Sí, habrá que castigar, pero también es obligada una rehabilitación de los participantes en este delito. En la medida en que esto se logre, se podrá presumir un avance. Sólo así.
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¡HASTA MAÑANA!
